Prisión domiciliaria para el juez Parisi: ¿Justicia o riesgo?
El juez Claudio Parisi, suspendido en sus funciones y objeto de un proceso judicial por presunta corrupción, obtuvo la prisión domiciliaria.
La decisión fue tomada a pesar de la oposición de la Unidad Fiscal, que había solicitado su detención preventiva argumentando riesgos de entorpecimiento a la investigación.
Los delitos que se le imputan a Parisi son excarcelables, declaró Guillermo Alberto, abogado defensor del magistrado, quien destacó que la medida cautelar fue otorgada con los debidos recaudos de custodia, incluyendo dispositivos electrónicos y vigilancia policial.
La defensa insistió en señalar irregularidades en la causa, mencionando decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios y manejo irregular de casos por parte del juez.
La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, apeló la resolución que benefició a Parisi, argumentando un grave error en la interpretación legal.
Afirmaron que el riesgo de entorpecimiento a la investigación es latente, especialmente considerando el caso del abogado Roberto Ortega Serrano, quien, según los fiscales, habría evitado el secuestro de su celular durante un allanamiento en otra causa judicial.
La polémica decisión genera interrogantes sobre el equilibrio entre las garantías individuales y la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial.
La opinión pública se encuentra dividida, con algunos sectores cuestionando la permisividad frente a presuntos actos de corrupción, mientras que otros defienden la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El caso Parisi ilustra la complejidad de los conflictos éticos y legales en el ámbito judicial, donde la imparcialidad y la transparencia son esenciales para garantizar la justicia.
La investigación continúa su curso, mientras los tres imputados esperan el juicio penal con prisión domiciliaria.