La creciente militarización del sector fronterizo entre Bolivia y Argentina ha generado preocupación e incertidumbre en ambas naciones.
El gobierno boliviano, encabezado por Luis Arce, tomó esta medida con el objetivo de frenar la salida de productos básicos de su territorio, como arroz, aceite, fideos, carne y ganado, que se comercializan a precios más altos en países vecinos como Argentina, Brasil y Perú.
Esta dinámica, según las declaraciones del propio presidente Arce, ha afectado la oferta interna boliviana y contribuido al aumento de los precios en los mercados nacionales.
La militarización ha sido acompañada por un incremento de los llamados puertos clandestinos en el sector fronterizo, principalmente en Bermejo.
La proliferación de estos puntos ilegales, denunciados por medios locales como Radio Alba de Tartagal, permite el tráfico no solo de productos básicos, sino también de bienes robados y drogas.
A pesar del despliegue conjunto de fuerzas policiales de Argentina y Bolivia en la zona fronteriza de Yacuiba-Salvador Mazza, las autoridades se enfrentan a un desafío complejo.
Expertos en seguridad fronteriza señalan que la militarización es una medida provisional que no aborda las causas profundas del problema.
Es necesario fortalecer los controles aduaneros, promover la cooperación entre países y combatir la corrupción para lograr una solución sostenible, afirma un analista de temas migratorios.
Mientras tanto, sectores económicos como los bagyeros de Yacuiba se mantienen en silencio frente a esta polémica situación.
El gobierno argentino, a través del Ministerio de Seguridad liderado por Marcelo Domínguez, trabaja en conjunto con Nación para solicitar recursos adicionales y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas.
Las consecuencias emocionales de la militarización son palpables en las comunidades fronterizas.Habitantes expresan su temor ante el aumento de la presencia militar y la sensación de inseguridad que genera la proliferación de actividades ilegales.
El impacto económico también se hace sentir, con la incertidumbre sobre el futuro del comercio legal y la preocupación por el desplazamiento de familias hacia áreas más seguras.