La Cámara de Diputados se encuentra en el proceso de debate y aprobación de una ley crucial que busca frenar las continuas subidas en tarifas de agua y electricidad en la provincia, un tema que genera profunda preocupación ciudadana.
La iniciativa, ya sancionada por el Senado, propone vincular los aumentos al índice de precios al consumidor (IPC) publicado mensualmente por el INDEC, estableciendo así un tope para evitar incrementos desorbitados.
La situación económica actual en los hogares salteños es delicada, y las políticas públicas deben responder con medidas que atiendan las necesidades de la población, manifestó durante el debate en el Senado un legislador, destacando el impacto directo que estas tarifas tienen sobre el bolsillo de los ciudadanos.
El proyecto busca ofrecer un alivio concreto al establecer un límite a las actualizaciones tarifarias, evitando que se conviertan en una carga insostenible, según explicaron senadores durante el tratamiento del proyecto.
La norma establece que, a partir de su vigencia, el factor de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) de las tarifas de energía eléctrica y los factores correspondientes al agua potable y saneamiento no podrán superar el cálculo del coeficiente de variación del IPC publicado por el INDEC para el periodo en cuestión.
Esta medida busca transparentar el proceso de ajuste tarifario, vinculándolo a un indicador oficial reconocido y confiable.
En este contexto, Edesa, la empresa encargada de la distribución eléctrica, ha solicitado una actualización tarifaria para octubre con un rango entre el 3% y el 5%, argumentando que dicho monto se ajustará a la inflación actual y estará condicionado por las decisiones del Gobierno Nacional en relación a la eliminación de subsidios.
El Ente Regulador de Servicios Públicos tendrá la responsabilidad final de evaluar la solicitud y emitir su resolución.
La aprobación definitiva de esta ley en Diputados representaría un hito importante en la protección de los consumidores frente a fluctuaciones descontroladas en los servicios esenciales, generando un impacto positivo en el bienestar económico de la población provincial.
El escenario futuro dependerá también de la dinámica política y económica nacional, así como de la implementación efectiva por parte de las autoridades reguladoras.