En un movimiento trascendental para el sector salud argentino, el gobierno nacional puso fin al sistema de triangulación que vinculaba obras sociales y prepagas.
La medida, plasmada en la Resolución 3284/2024 publicada en el Boletín Oficial, exige a las empresas de medicina privada inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) para acceder a aportes provenientes de la seguridad social.
Esta resolución, producto de un diálogo sostenido entre el Ministerio de Salud y representantes del sector, busca transparentar el manejo financiero de los planes de salud y eliminar intermediarios que generaban sobrecostes y distorsiones en el mercado.
Este sistema permitía la continuidad de cajas negras y favorecía a sectores con intereses particulares, afirmó una fuente cercana al nuevo ministro de Salud, Mario Lugones.
Con esta medida se busca un reordenamiento del sector salud, fortaleciendo la competencia y garantizando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Hasta ahora, el sistema de triangulación implicaba que las prepagas recibían parte de sus aportes a través de obras sociales intermediarias.
Este proceso generaba una cadena de pagos compleja y poco transparente, donde se ocultaban gastos excesivos y se dificultaba el control sobre la distribución de los recursos.
Según datos oficiales, más del 50% de la población argentina tiene cobertura médica a través de obras sociales, mientras que un porcentaje similar recurre a planes privados.
La nueva normativa busca contrarrestar estos problemas al exigir que las prepagas se inscriban en el RNAS y cumplan con los requisitos establecidos para la oferta de planes de salud.
El incumplimiento de esta norma conllevará sanciones y restricciones a su actividad, lo que permitirá un mercado más justo y transparente.
La medida ha sido recibida con expectativas por parte del sector, con algunos sectores celebrando la transparencia que se busca generar, mientras que otros plantean dudas sobre su impacto real en los precios y la accesibilidad a la salud.
El gobierno insiste en que esta es una decisión crucial para reestructurar el sistema de salud argentino y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad.