El caso Huergo, que salpicó a funcionarios municipales y provinciales en 2019 por presunta asociación ilícita tributaria dedicada a emitir facturas truchas, ha dado un giro inesperado.
El Tribunal Oral Federal Número 1 de Salta sobreseyó a Matías Huergo y ocho acusados que se acogieron a la ley de blanqueo de capitales.
Esta resolución, considerada por expertos como preocupante, ha generado indignación y desconcierto en la opinión pública.
El mensaje que envía esta resolución es alarmista: quien delinque y tiene recursos puede adquirir impunidad, expresó el fiscal Carlos Amad, quien elevó un recurso de casación ante la Cámara de Casación Penal.
Para Amad, el decreto 608, al incluir la asociación ilícita tributaria en el blanqueo, excede sus facultades.
El fiscal cuestiona la inconstitucionalidad del decreto y argumenta que el blanqueo debería enfocarse únicamente en delitos financieros tradicionales, no en conductas asociativas con fines tributarios.
No se trata solo de evadir impuestos; el perjuicio al Estado por las facturas truchas es mucho mayor, señaló Amad, quien lamentó que la investigación realizada por él y su equipo podría verse diluida por un enfoque que prioriza los arreglos económicos sobre las sanciones penales.
Amad destaca la complejidad del caso, que involucra a varios actores con roles específicos dentro de la organización.
Huergo es más que un simple enlace, afirmó el fiscal, quien sostiene que el empresario está vinculado a una red compleja que operaba desde la Municipalidad y la administración pública provincial.
Si bien el caso se encuentra en proceso judicial, la falta de imputaciones o declaraciones por parte de los involucrados en la rama provincial genera preocupación y dudas sobre la justicia efectiva.
Amad considera que hay material suficiente para avanzar en la investigación provincial, pero hasta el momento no se han dado pasos concretos en esa dirección.
La resolución del Tribunal Oral Federal Número 1 ha generado un debate público intenso sobre el rol del blanqueo de capitales y sus posibles implicaciones.
Algunos expertos señalan que esta ley, si bien busca combatir el delito financiero, puede ser utilizada como herramienta para eludir responsabilidades penales en otros tipos de delitos.
La situación actual con el caso Huergo pone en evidencia la necesidad de analizar críticamente las leyes existentes y su aplicación práctica para garantizar una justicia verdaderamente efectiva.