La localidad de Cafayate, enclavada en el corazón del Valle Calchaquí, vive una crisis sin precedentes debido al crecimiento exponencial del sector inmobiliario.
Ante esta realidad, los concejales locales aprobaron una ordenanza que declara la emergencia en servicios públicos, con el objetivo de frenar el descontrol constructivo y garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico para todos sus habitantes.
La situación es crítica, afirmó Rodrigo Chocobar, concejal de Cafayate.El crecimiento inmobiliario ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los servicios básicos.
La falta de inversión en infraestructura durante años, sumada a la proliferación de pozos particulares que desvían el recurso hídrico, está generando una escasez acuciante que afecta a barrios enteros.
De acuerdo con Chocobar, existen actualmente alrededor de 40 desarrollos inmobiliarios privados en Cafayate, algunos ya habilitados y otros en proceso.
Esta expansión desenfrenada presiona la red de agua potable y cloaca, que solo se abastece de las cuencas del Río Lorohuasi y el Río Chuscha.
La realidad es que Cafayate está al borde del colapso, advirtió Chocobar.
Raquel Humano, otra concejala del municipio, coincidió en la gravedad de la situación.
Necesitamos un compromiso escrito por parte de las empresas EDESA y Aguas del Norte para garantizar la provisión eficiente de servicios a la población, expresó.
Sin agua potable y electricidad confiable, ¿cómo podemos seguir creciendo?La falta de inversión en infraestructura es inaceptable.
La concejala también denunció la insuficiencia de personal técnico municipal para realizar las verificaciones necesarias sobre los nuevos loteos, lo que lleva a que muchas habilitaciones sean analizadas en Salta capital.
Es necesario poner la lupa en todas las obras y autorizaciones, afirmó Humano.En caso de no existir, se deben aplicar sanciones contundentes.
La emergencia declarada por los concejales tendrá vigencia hasta diciembre del 2025, pero deberá ser promulgada o vetada por la intendenta Rita Guevara antes de entrar en vigor.
La medida busca frenar el crecimiento descontrolado del sector inmobiliario y proteger los derechos de los habitantes a servicios básicos como el agua potable y la electricidad.