Recientemente, el decano Miguel Nina, presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), generó controversia al afirmar que en la universidad no se realizan auditorías.
Esta afirmación ha sido desmentida por Marcelo Hegab, auditor titular interno de la UNSa, quien calificó el pronunciamiento de Nina como una gran falacia e irresponsabilidad.
Hegab explicó en diálogo con este medio que las universidades nacionales sí se auditan de acuerdo a lo establecido por la Ley de Administración Financiera (Ley 24156), que establece un sistema dual de control: interno y externo.
Las universidades no quieren ser auditadas, afirmó Hegab, es una intencionalidad política.La UAI, Unidad de Auditoría Interna de la UNSa, a cargo del auditor titular, realiza auditorias periódicas a todas las dependencias de la universidad, incluyendo facultades, secretarías, consejos de investigación y direcciones.
Las auditorias se basan en planes cíclicos de 3 a 4 años con planes anuales que abarcan todos los niveles de riesgo y se enfocan en verificar el cumplimiento de la normativa legal, la legalidad de los expedientes y la existencia de mecanismos eficientes de control interno.
Para Hegab, la intención del Gobierno Nacional podría ser desprestigiar las universidades para justificar el arancelamiento del acceso a la educación superior.
Este tipo de acciones buscan confundir a la sociedad, afirmó.
En este sentido, Juan Manuel Olmos, auditor general de la Nación, ya había expresado en una entrevista que existe una intencionalidad política detrás de desinformar sobre las universidades y sus finanzas.
El objetivo principal de las auditorias es mejorar el control interno y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Al final del proceso, se emite un informe con recomendaciones para fortalecer los controles internos y se solicita el deslinde de responsabilidades en caso de irregularidades.
Hegab recalcó que decir que no se hacen las auditorías en las universidades es una gran mentira, asegurando que la UNSa, como todas las universidades nacionales, está obligada por ley a someterse a este proceso de control.