El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha aprobado un acuerdo político en el que exige al Gobierno español la abolición de la monarquía.
Los parlamentarios consideran esta institución como una expresión de la ultraderecha y vinculada a la corrupción.
Esta decisión se produce tras la crisis diplomática entre ambos países derivada del asilo concedido por España al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien llegó a la península el pasado septiembre y afirma ser el ganador de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.
La oposición venezolana, incluyendo a González Urrutia, rechaza los resultados oficiales que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro.
El acuerdo aprobado por el Parlamento venezolano pide al Gobierno evaluar la ruptura de relaciones con España en un plazo inmediato y una acción recíproca contra lo que consideran una injerencista proposición adoptada por el Congreso español.
Este último aprobó una propuesta no de ley que pedía al Gobierno español reconocer a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, iniciativa impulsada por el Partido Popular (PP) y apoyada por Vox, aunque el gobierno socialista de Pedro Sánchez aún no ha reconocido al opositor.
El acuerdo político también rechaza categóricamente la resolución aprobada en el Congreso español y exhorta a este último a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió a Maduro como presidente reelecto.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), solicitó el pasado septiembre una reunión urgente para elaborar una resolución que pidiera al Gobierno venezolano romper todas las relaciones con España, además de cesar todas las actividades comerciales con empresas españolas.
Rodríguez calificó la decisión del Congreso español como un atropello brutal contra Venezuela, comparándolo con los tiempos de la lucha por su independencia.
El texto refleja el profundo conflicto político entre Venezuela y España, alimentado por la controversia electoral venezolana y la posición de ambos gobiernos frente a la crisis democrática en Venezuela.
La situación genera una tensión diplomática considerable y sus consecuencias se extenderán a otros ámbitos, como las relaciones comerciales y la cooperación internacional.
