Integrantes de la Policía salteña y del Servicio Penitenciario han unido fuerzas con un objetivo común: lograr la aprobación de una ley que garantice sus pensiones.
Desde principios de año, trabajan en conjunto para reactivar un anteproyecto que busca asegurar su bienestar económico a largo plazo.
La preocupación surge por la vulnerabilidad ante cambios políticos.Estamos sujetos al criterio del gobierno de turno, expresan fuentes anónimas, quienes advierten sobre la posibilidad de que futuras autoridades modifiquen los parámetros de sus jubilaciones.
Esta incertidumbre ha motivado una acción conjunta sin precedentes.
En julio pasado, un acuerdo histórico se firmó en el Circulo de Oficiales.
Representantes de diversas entidades civiles, sindicatos y asociaciones de policías y penitenciarios firmaron un manifiesto que declara su unidad en la búsqueda de esta ley.
La reunión con el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, a fines de agosto, marcó otro hito en este proceso.
Expusimos nuestra necesidad de la sanción de la Ley de retiros y pensiones, señalan los participantes del encuentro, quienes califican la conversación como constructiva, respetuosa y sincera.
Este movimiento refleja un profundo deseo de justicia social por parte de aquellos que arriesgan sus vidas al servicio de la comunidad.
La falta de una ley específica les deja en una situación vulnerable, exponiéndolos a posibles cambios o recortes que podrían afectar su bienestar económico en la etapa de retiro.