La aprobación del Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario el pasado 12 de septiembre, y el posterior veto anunciado por el presidente Javier Milei, han generado un clima tenso en todo el país.
En la Universidad Nacional de Salta (UNSa), se ha conformado una Mesa en Defensa de la Universidad Pública para coordinar acciones frente a esta situación.
La convocatoria, realizada por los gremios docentes ADIUNSa y APUNSa, reunió a autoridades universitarias, representantes de las facultades, sedes regionales, el Instituto de Educación Media (IEM) y centros de estudiantes.
La participación masiva refleja la preocupación que genera el veto presidencial en la comunidad educativa.
Es un momento crítico para la educación pública, afirma Diego Maita, secretario general de ADIUNSa. Nos encontramos frente a una amenaza real que pone en riesgo el futuro de las universidades nacionales.
El documento emitido por la Mesa, que se debatirá en el Consejo Superior de la UNSa, expresa su rechazo al veto y exige la promulgación inmediata de la ley.
Se solicita a los legisladores salteños un pronunciamiento público en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, comprometiéndose a frenar cualquier intento de desconocimiento de la decisión del Congreso.
El texto resalta la importancia de la ley para garantizar un presupuesto adecuado a las universidades públicas, permitiendo una recomposición salarial justa para los trabajadores y la actualización de partidas presupuestarias para el funcionamiento de las instituciones.
Stella Mimessi, secretaria general de APUNSa, destacó la necesidad de unidad en defensa de la Universidad Pública: Hoy definimos acciones conjuntas para proteger nuestro derecho a la educación.
La Mesa ha definido realizar actividades dentro y fuera del campus universitario bajo la consigna Por la Ley de Financiamiento Universitario, No al Veto, anticipándose a una posible movilización nacional el 2 de octubre.
El impacto emocional del veto se siente con fuerza en las universidades.El rector Daniel Hoyos denunció un deterioro salarial entre el 50% y el 70% en los últimos meses, afectando gravemente la calidad de vida de los trabajadores universitarios.
Estamos ante una crisis que pone en jaque el futuro del sistema educativo público, concluye Hoyos.
La Mesa busca garantizar que todas las voces de la comunidad universitaria sean escuchadas y que se tome acción inmediata para defender nuestra universidad.