¿Aumento de tarifas o alivio para los bolsillos?Diputados debaten proyecto clave en medio de la crisis económica.
La Cámara de Diputados se prepara para analizar un proyecto de ley que busca encauzar el ritmo de las subas tarifarias de agua y luz en la provincia, siguiendo el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone limitar el aumento del Valor Agregado de Distribución de tarifas eléctricas y los factores de actualización de los servicios de agua potable y saneamiento a la variación mensual del IPC.
La situación económica actual en los hogares salteños es difícil, destacó un senador durante el debate previo en la cámara alta, por lo que las políticas del Estado provincial deben responder a la necesidad real de la gente.
La medida busca aliviar la carga financiera sobre familias y sectores vulnerables al controlar los incrementos tarifarios, evitando que se conviertan en una carga insostenible para el bolsillo, según la postura oficial.
Expertos analizan si esta normativa será suficiente para contrarrestar la inflación actual.
Es necesario un análisis más profundo del impacto económico a largo plazo de esta medida, afirma Juan Pérez, economista especializado en finanzas públicas.
Aunque limita los aumentos, no aborda las causas estructurales que generan la crisis económica.
La discusión sobre el proyecto se da en un contexto delicado, marcado por casos de intoxicación de alumnos en escuelas de Salta, lo que ha generado una ola de preocupación por la seguridad alimentaria en los establecimientos educativos.
El debate también incluye otro proyecto que busca establecer controles bromatológicos obligatorios en colegios públicos y privados para garantizar la calidad de los alimentos consumidos por los estudiantes.
Es fundamental asegurar un entorno seguro y saludable para que los niños puedan aprender, explica María González, nutricionista especializada en pediatría.
Los controles bromatológicos son esenciales para prevenir casos de intoxicación alimentaria y proteger la salud de la población estudiantil.