Un nuevo escándalo rodea al expresidente Alberto Fernández tras el descubrimiento de pruebas que lo vinculan con una presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.
La información surge del peritaje realizado al celular de María Cantero, histórica secretaria del exmandatario, secuestrado en el marco de la investigación sobre el caso de los seguros.
Las pruebas, según fuentes judiciales consultadas por este medio, incluyen imágenes de Yañez con signos visibles de golpes y audios donde ella describe presuntas agresiones sufridas en la Quinta de Olivos.
Estas revelaciones han generado una gran repercusión pública y un intenso debate sobre las responsabilidades del expresidente.
Se trata de una fuerte discusión de pareja y nada más, afirmó Juan Pablo Fioribello, abogado defensor de Fernández, quien asegura que su cliente niega categóricamente cualquier episodio de violencia física contra Yañez.
No obstante, las pruebas encontradas podrían comprometer al expresidente en una causa por presunta violencia de género que se encuentra bajo análisis por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini.
Esta situación se suma a la investigación por el escándalo de los seguros, donde Fernández también enfrenta cargos relacionados con posibles irregularidades en contratos de pólizas entre organismos del Estado.
La combinación de ambas investigaciones ha generado una profunda crisis política para el expresidente, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático y judicial.
Es crucial que la justicia actúe con independencia y contundencia para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, manifestó María José Silva, especialista en derecho penal, al ser consultada sobre el caso.
No se puede tolerar ningún tipo de violencia, especialmente en el ámbito familiar.
Las consecuencias de estas revelaciones aún están por definirse, pero sin duda marcan un punto de inflexión en la carrera política de Fernández y plantean serias interrogantes sobre su comportamiento durante su mandato presidencial.
La opinión pública se encuentra dividida, con algunos sectores solicitando su inmediata renuncia a otros que demandan una investigación exhaustiva y un juicio justo.