El gobierno de Mendoza anunció una medida que generará un cambio significativo en el acceso a la salud pública para ciudadanos extranjeros a partir del primero de agosto.

La nueva política establece tarifas para consultas programadas, cirugías y partos en los hospitales públicos de la provincia, mientras que las emergencias médicas seguirán siendo gratuitas.

Esta decisión busca mitigar el impacto económico que representa la atención médica a pacientes provenientes de otros países, especialmente considerando la presencia significativa de comunidades chilenas y bolivianas en Mendoza.

Federico Lagiglia, periodista especializado en temas regionales, resaltó para un programa salteño la importancia de esta medida debido al alto volumen de extranjeros que acuden a Mendoza en busca de servicios médicos.

En comparación con Salta, donde el número estimado ronda los mil pacientes extranjeros por año, Mendoza recibe cerca de tres mil, explicó Lagiglia.

Los costos de atención médica en Mendoza son considerablemente elevados: una consulta puede oscilar entre 10 mil y 15 mil pesos, un día de internación de urgencia puede alcanzar entre 400 mil y 500 mil pesos, y una operación supera el millón de pesos.

Los partos también presentan precios altos, con un parto natural que cuesta alrededor de 600 mil pesos y una cesárea hasta 800 mil pesos.

A pesar de la implementación de estas tarifas, se ha asegurado que la salud de los pacientes será prioritaria.

La atención médica necesaria se brindará primero, posteriormente se emitirá la factura para el cobro, aplicable a aquellos pacientes con prepaga u obra social.

Lagiglia también hizo referencia al trato recibido por argentinos en otros países, especialmente Chile: Nos duele ver cómo se trata mal a los argentinos en cuanto a salud y seguridad.

En ese contexto, mencionó que en Chile las multas para conductores alcoholizados que causan accidentes son severas, ascendiendo a 1.400.000 pesos, además de la responsabilidad por los costos de internación y daños materiales.

Un accidente puede costar al estado alrededor de 15 millones de pesos, lo cual refuerza la necesidad de medidas como la implementada en Mendoza.

Con esta política, el gobierno mendocino busca asegurar la sostenibilidad del sistema de salud provincial y regular el uso de los recursos públicos ante el creciente número de pacientes extranjeros.