Manifestantes reclaman por ley que consideran una privatización encubierta de Vialidad
Trabajadores del organismo vial provincial se concentrarán en la puerta de su sede para protestar contra la Ley de Consorcio Caminero, un proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados y dictamen positivo en el Senado.
La protesta culminará con una marcha hacia el Palacio Legislativo, donde los manifestantes buscarán visibilizar su rechazo a la ley, argumentando que representa una privatización encubierta de Vialidad.
El proyecto, impulsado por la diputada Betina Navarro, fue concebido con la participación de los Ministerios de Infraestructura, Economía, Servicios Públicos y Producción y Desarrollo Sustentable.
Navarro acordó con el Sindicato de Trabajadores de Vialidad (SITRAPS) la conformación de un comité evaluador para analizar e incorporar observaciones al proyecto, asegurando que no pondría en riesgo las fuentes laborales.
Este compromiso no se cumplió, según denuncian los trabajadores.
Se formó una comisión, se llamó al diálogo.
Nosotros queríamos revisar el proyecto para que no nos afecte como trabajadores.No podemos ir en contra de la ley, pero sí podemos negarnos a que esa ley nos afecte en lo personal, declaró Carlos López, delegado de SITRAPS desde el campamento ubicado en Tres Acequias.
López recalcó que la ley implica que Vialidad ceda parte de su presupuesto al consorcio, lo que nos quita fuente laboral y herramientas, ese es nuestro temor.
El proyecto busca crear Consorcios Camineros como entidades sin fines de lucro formadas por vecinos para ejecutar obras viales.
El financiamiento se obtendría de cuotas de los miembros, subvenciones, donaciones y fondos asignados por la Dirección Provincial de Vialidad.
Adicionalmente, se propone un tributo adicional sobre el Impuesto Inmobiliario Rural para financiar un Fondo de Consorcios Camineros.
La situación genera preocupación entre los trabajadores, quienes argumentan que con cerca de mil empleados -entre personal técnico, operarios y administrativo- se mantienen todas las rutas a su cargo, incluyendo caminos vecinales.
También colaboramos con equipamiento y así y todo quieren hacer este consorcio para que funcione con presupuesto nuestro, lamentó López.
El rechazo a la ley se basa en la percepción de una amenaza a los puestos de trabajo y recursos de Vialidad.
Los trabajadores esperan que las autoridades reconsideren el proyecto y garanticen la estabilidad laboral del sector vial provincial.