La Unidad Fiscal creada para investigar este caso requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente la elevación a juicio oral y público contra tres personas: Claudio Alejandro Parisi (juez), Maximiliano Germán Correa (secretario del juez) y Roberto Ortega Serrano (abogado penalista).
Se les acusa de cometer el delito de cohecho pasivo agravado, según los artículos 257, 45 y 46 del Código Penal.
Parisi, quien presuntamente acordó recibir dinero a cambio de dictar una sentencia favorable para José Dimas Ruiz en un caso de robo, sería el autor del delito.
Correa, como intermediario entre Parisi y Ortega Serrano, sería parte necesario del delito.Por su parte, Ortega Serrano, acusado de ofrecer el soborno, se enfrentará al juicio como autor del delito de cohecho activo (artículos 258 y 45 del Código Penal).
La investigación se originó tras una denuncia presentada por las abogadas Sandra Domene y Josefina Ruiz.
La evidencia recolectada incluye la inspección ocular realizada en el teléfono celular del abogado Ortega Serrano, donde se encontraron mensajes que evidencian la trama de corrupción.
De acuerdo con los fiscales, estos mensajes demuestran que Ortega Serrano ofrecía obtener arresto domiciliario para José Dimas Ruiz a cambio de una suma de dinero en dólares, utilizando términos como pasamanos o entradas.
Se registraron llamadas telefónicas entre Ortega Serrano y Maximiliano Correa coincidiendo con las fechas del pedido de arresto domiciliario y su posterior aprobación por el Juzgado.
Ortega Serrano intentó ocultar la evidencia arrojando su teléfono celular a casa de un vecino durante el allanamiento realizado en su domicilio el 3 de octubre del año pasado.
También se sabe que activó una nueva línea telefónica ese mismo día.
La causa penal ahora está en etapa intermedia, donde el juez Raúl López deberá determinar si corresponde elevarla a juicio.
El caso también involucra a varios otros imputados por un robo millonario a la empresa Abra de Sol, incluyendo a José Dimas Ruiz (ex candidato a intendente), Matias Malissia, Marcelino Cruz y Cristian Gabriel Palavecino.
Este caso evidencia una grave situación de corrupción en el sistema judicial. Las posibles consecuencias para los implicados son serias, con penas de prisión significativas si se les declara culpables.