El gobierno argentino oficializó un nuevo incremento en las tarifas de luz y gas natural, entrará en vigor a partir de septiembre.
A pesar de que el aumento promedio se estima alrededor del 4%, la eliminación progresiva de subsidios podría generar incrementos exorbitantes, superando el 100% en algunos casos.
Esta medida, que busca equilibrar las cuentas del sector energético, impactará significativamente en los bolsillos de millones de argentinos, especialmente aquellos con ingresos más bajos.
La Secretaría de Energía implementó un sistema tripartito para la asignación de subsidios: Nivel 1 (altos ingresos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).
El subsidio se destinará principalmente a los usuarios del Nivel 2, que representan aproximadamente 8 millones de hogares según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Para acceder al beneficio, los usuarios deberán inscribirse en el RASE antes del 4 de septiembre.La Secretaría de Energía evaluará las solicitudes y determinará quiénes serán beneficiarios finales.
Quienes ya se encuentren inscritos no necesitan realizar ningún trámite adicional.
Esta medida es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sector energético a largo plazo, pero entendemos que tendrá un impacto en los usuarios, declaró un portavoz del gobierno.
Nos estamos esforzando por brindar apoyo a las familias más vulnerables mediante el sistema de subsidios.
Algunos sectores critican la falta de medidas complementarias para amortiguar el golpe de la alza tarifaria.
El aumento de tarifas sin una política social eficiente solo profundizará la desigualdad, afirmó un economista especializado en energía.
Se necesita una estrategia integral que combine medidas de contención del gasto energético con mecanismos de asistencia social.
La incertidumbre sobre el alcance real del impacto económico de esta medida genera preocupación entre los ciudadanos.
Me preocupa cómo vamos a afrontar este nuevo aumento, expresó una usuaria afectada.Las cuentas ya están ajustadas, no sé cómo vamos a seguir adelante.
El debate sobre la justicia social y la necesidad de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables se intensifica ante esta nueva realidad económica.