Un caso de corrupción y fraude que ha conmocionado a la comunidad salteña ha llegado a su fin con la condena de siete personas, incluyendo una madre y sus cuatro hijos, por múltiples estafas relacionadas con la venta fraudulenta de terrenos.
La investigación judicial reveló un entramado complejo donde se utilizaba documentación falsa para atraer a potenciales compradores y obtener ganancias ilícitas.
El esquema se basaba en la creación de anuncios publicitarios en diversos medios, tanto impresos como digitales, incluyendo la plataforma Facebook, donde se mostraban imágenes atractivas de lotes disponibles para la compra.
Los anunciantes se presentaban como representantes de una empresa inmobiliaria ficticia, generando una falsa sensación de legitimidad.
Para concretar las ventas, los estafadores ofrecían a los compradores precios accesibles y planes de financiamiento con pagos iniciales y cuotas mensuales.
Al momento de formalizar el trato, entregaban documentación apócrifa que incluía firmas falsificadas de supuestos propietarios y escribanos, creando una apariencia legal para el engaño.
La investigación, liderada por la jueza Carolina Sanguedolce, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, permitió desmantelar esta red criminal tras un procedimiento abreviado acordado entre las partes implicadas.
Las penas impuestas variaron según el grado de participación en la trama delictiva.Dos hermanas, de 27 y 29 años, fueron condenadas a tres años de prisión condicional por su participación en ocho y siete hechos de estafa reiterada, respectivamente.
Los dos hermanos varones, de 31 y 33 años, recibieron una condena de dos años de prisión en suspenso por tres hechos de estafa reiterada.
La madre de los cuatro hermanos, de 56 años, también fue condenada a dos años de prisión condicional por su participación en dos hechos de estafa reiterada.
Dos personas más, de 44 y 32 años, quienes se integraban al entramado criminal, fueron sentenciados a seis meses de prisión condicional por tres y dos hechos de estafa reiterada respectivamente.
Todas las condenas incluyen la obligación de cumplir diversas reglas de conducta para mantener la modalidad de prisión en suspenso.
Deberán reparar económicamente a las víctimas del delito mediante la entrega de un inmueble ubicado en Salta Capital, dos vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una motocicleta y electrodomésticos.
La magnitud de esta estafa ha generado conmoción en la comunidad salteña.Las víctimas, muchas de ellas familias que ahorraron durante años para adquirir su propia vivienda, se encuentran profundamente afectadas por la pérdida financiera y emocional que este caso les ha provocado.
Es una situación muy difícil, sobre todo para las personas que confiaron en estos anuncios y entregaron sus ahorros con la ilusión de tener un lugar propio, expresa Juan Pérez, abogado especialista en derecho civil que ha asesorado a varias víctimas del fraude.
La condena a esta red familiar representa un triunfo para la justicia y una advertencia para quienes intentan lucrarse a través de la deshonestidad y la manipulación de las personas.
Es un ejemplo claro de cómo el engaño y la corrupción pueden afectar profundamente la vida de muchas familias.