Trabajadores de Rentas exigen fin a la violencia laboral y sumarios contra voceros.
Empleados de la Dirección General de Rentas (DGR) se preparan para presentar un expediente ante las autoridades solicitando el cese inmediato de actos de violencia laboral, de género e institucional dirigidos a los representantes que han liderado el reclamo por el pago del Fondo Estímulo.
El fondo se ha visto reducido en un 75% desde enero, generando malestar y protestas entre los trabajadores.
Los empleados denuncian una escalada de represalias desde que iniciaron su lucha por la restitución del Fondo Estímulo, primero a través de asambleas internas y posteriormente con un amparo presentado ante la justicia provincial.
Más de 200 empleados han participado en las acciones de protesta.Entre las medidas tomadas contra los voceros se encuentran la apertura de sumarios disciplinarios, descuentos salariales injustificados y el rechazo sistemático de solicitudes para licencias por capacitación.
Desde que iniciamos el reclamo por el Fondo Estímulo, aquellos que nos hemos pronunciado han sido objeto de una persecución constante, declaró un trabajador de la DGR anónimo por temor a represalias.
Los sumarios son solo una muestra de cómo las autoridades intentan silenciar nuestras voces y coartar nuestro derecho a la libre expresión.
Tres trabajadoras, Belén Andreoni, Patricia Soto y Fátima Gramajo, quienes han liderado las manifestaciones en defensa del Fondo Estímulo, enfrentan sumarios disciplinarios por colocar un cartel exigiendo la renuncia de la directora de la DGR, Mercedes Uldry, y por dar declaraciones a los medios sobre la situación.
La apertura de sumarios contra nuestras compañeras es una clara muestra de abuso de poder e intento de intimidación, expresó otro empleado afectado.
Exigimos que cesen estas prácticas autoritarias y se restablezca un clima laboral digno y libre de violencia.
Los trabajadores sostienen que la reducción del Fondo Estímulo, decretada por el gobierno provincial a través de las leyes 8417 y 8416, es ilegal ya que no modifica el artículo 380 del Código Fiscal.
Un experto en derecho laboral consultado para este reportaje señaló que la apertura de sumarios disciplinarios sin una justificación real constituye una violación al principio de buena fe contractual y puede ser considerado como un acto de represalia.
La situación en la DGR genera preocupación entre los trabajadores, quienes temen por sus puestos de trabajo y denuncian un ambiente laboral hostil.
Se espera que el expediente presentado ante las autoridades genere respuestas contundentes para poner fin a la violencia laboral y garantizar un entorno laboral justo y seguro.