En un contundente revés para los exfuncionarios Verónica Molina y Marcos Vera Ramírez, la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absolciones otorgadas previamente por el Tribunal Oral Federal N2.
La decisión se basa en la convincente evidencia que apunta hacia una maniobra ilegal consistente en exigir pagos a jefes de agencias del PAMI a cambio de designaciones y estabilidad laboral.
La investigación, iniciada tras una denuncia anónima, reveló un esquema complejo donde Molina y Vera Ramírez, referentes políticos de peso en Salta, actuaban como intermediarios para la captación de fondos destinados a La Cámpora, organización política con fuerte presencia regional.
Las pruebas presentadas, incluyendo audios y mensajes de texto, demuestran claramente la exigencia y presión ejercida sobre los jefes de agencias para que aportaran el 20% de sus salarios, afirmó un fiscal involucrado en el caso, quien prefirió mantener su anonimato.
Se evidencia una clara relación funcional entre estas exfuncionarias y la organización política, lo que configura concusión y peculado.
Las absoluciones iniciales se basaron en la argumentación del Tribunal Oral Federal N2, que descartó la existencia de una exigencia formal por parte de Molina y Vera Ramírez a los jefes de agencias.
La Cámara Federal de Casación Penal analizó exhaustivamente las pruebas y determinó que la naturaleza de las relaciones entre los involucrados apuntaba a una imposición encubierta para obtener beneficios políticos.
La decisión de la Cámara Federal es un hito en la lucha contra la corrupción, declaró el abogado especialista en derecho penal, Daniel López.
Esta sentencia refuerza la idea de que la justicia no tolerará impunidad en casos donde se vulneran los recursos públicos para fines políticos.
El caso ha generado gran repercusión en Salta, donde las acusaciones han golpeado directamente al ámbito político.
Los ciudadanos expresan preocupación por la posible utilización de fondos públicos para fines partidarios y exigen una investigación exhaustiva que desvele la magnitud del esquema ilegal.