El exdiputado provincial Claudio Del Pla ha emitido una dura crítica a las recientes medidas anunciadas por el gobierno sobre la administración de Salta Forestal, denunciando que perpetúan décadas de irregularidades que benefician a empresarios privados y perjudican al pueblo salteño.
Del Pla argumenta que desde su origen, la concesión de Salta Forestal se configuró como una herramienta para favorecer intereses privados, evidenciando un modelo de gestión cuestionable.
La concesión original otorgada por 64 años, incluyendo un período de gracia de 20 sin pago de cánones, marcó el inicio de un esquema que Del Pla califica de negociado sistemático.
El exlegislador ha criticado la inacción del gobierno frente a las deudas millonarias acumuladas por los concesionarios, que ascienden a más de 100 millones de dólares.
Cuestiona la falta de transparencia en la determinación del valor real de la producción para el cálculo del canon del 10%.
El gobierno no quiere cobrar las deudas millonarias ni hacer público el valor real de la producción sobre el que debería calcularse el 10% del canon, afirma Del Pla.
Del Pla denuncia un abandono sistemático de los pequeños productores que habitan en las tierras de Salta Forestal, quienes enfrentan intentos de desalojo y la falta de políticas para su inclusión en un esquema productivo sostenible.
El problema no se resuelve solo con entregarles la propiedad de la tierra.Sin apoyo y recursos, estas familias podrían terminar vendiendo sus tierras, que acabarían en manos de grandes empresarios, advierte Del Pla.
En este contexto, Del Pla propone una alternativa radical al modelo actual: la recuperación estatal de Salta Forestal, la creación de un esquema de gestión que integre a los trabajadores y pequeños productores, y la reinversión del 100% de las ganancias en el desarrollo local.
Esta propuesta busca garantizar empleos de calidad, preservación ambiental y atender las necesidades del pueblo salteño.
Del Pla también critica la designación de Ignacio Lupión, exdirigente de la Sociedad Rural y del PRO, como responsable de la administración de Salta Forestal, argumentando que los intereses agroindustriales dominan las decisiones del gobierno provincial.
Estos actores están más preocupados por beneficiar a los grandes empresarios que por atender las necesidades del pueblo salteño, sentencia el exlegislador.