El Senado provincial aprobó una modificación al Código Procesal Civil y Comercial que establece un arancel como requisito para admitir un recurso de queja ante la Corte de Justicia.
La iniciativa, enviada por la propia Corte en marzo pasado, ha generado controversia entre los profesionales del derecho quienes ven en ella un obstáculo económico para el acceso a la justicia.
La medida busca obligar a aquellos que interpongan una queja por denegación de recurso a depositar una suma equivalente a 12 IUS (la unidad arancelaria de honorarios profesionales).
De no cumplirse este requisito, o hacerlo con una cantidad insuficiente, se dispondrá un plazo de dos días para completar el depósito bajo apercibimiento de considerar desistido el recurso.
La rápida aprobación del proyecto, incluido en la última sesión ordinaria del año junto a otros proyectos sin debate previo, ha generado críticas por parte de sectores que consideran la medida como una restricción al derecho fundamental de acceso a la justicia.
Esta medida no solo representa un gasto significativo para quienes buscan acceder a la justicia, sino que crea un sistema discriminatorio donde la capacidad económica determina el acceso a los recursos legales, afirmó un abogado consultado por este medio.
La modificación del Código Procesal Civil y Comercial busca modernizar el sistema judicial provincial, pero expertos temen que esta medida pueda generar un efecto negativo en la igualdad ante la ley.
Es fundamental garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su situación económica, tengan la posibilidad de defender sus derechos, destacó otro profesional del derecho.