En un hito significativo para la administración de justicia en Salta, el Senado provincial aprobó definitivamente la Ley que establece el juicio por jurado popular.
El senador Javier Mónico Graciano, quien actuó como relator del proyecto, destacó la importancia histórica de esta medida para la provincia y su joven democracia.
En la historia de las democracias occidentales, el juicio por jurado popular tiene una larga trayectoria.
Es un instituto que ha estado presente desde nuestra primera Constitución y se ha mantenido en las reformas posteriores a nivel nacional, afirmó Mónico Graciano.
El senador resaltó la eficiencia del sistema a la hora de administrar justicia y señaló el viraje constitucional que ha impulsado la implementación de este modelo en las provincias argentinas.
Mónico Graciano también celebró las diversas acciones realizadas para difundir el sistema, como los simulacros en colegios, las jornadas de divulgación desde la Universidad Católica de Salta y la capacitación para operadores judiciales a cargo de referentes internacionales.
Destacó el análisis del instituto por parte de abogados y funcionarios en comisiones especializadas, asegurando que el proceso ha sido consensuado y constructivo.
El juicio por jurado popular es un sistema donde el ciudadano pasa a ser protagonista en la decisión sobre una causa judicial, explicó Mónico Graciano.
En Salta, inicialmente se aplicará a los casos de homicidios agravados.Un grupo de 12 ciudadanos elegirá la culpabilidad o inocencia del acusado, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal y la defensa.
La aprobación del proyecto no estuvo exenta de debate, especialmente con respecto al Fondo Estímulo de la Dirección General de Rentas.
El diputado Juan Cruz Curá argumentó que la modificación a este fondo, que establece topes a los incentivos para los trabajadores, responde a la necesidad de contener el gasto público en un contexto económico complejo.
Entendemos que la modificación está basada en la necesidad de contener el gasto público, siendo imprescindible usar los fondos públicos para distribuir entre todos los salteños, afirmó Curá.
Por su parte, Walter Wayar abogó por un diálogo más amplio entre los trabajadores de Rentas y el gobierno provincial antes de implementar la medida.
A pesar de estas diferencias, la ley fue finalmente aprobada en una muestra del compromiso de Salta con fortalecer la participación ciudadana en la justicia.