El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, quien tiene competencia en Delitos Económicos Complejos, abrió una investigación de oficio a raíz de las denuncias publicadas.

La pesquisa se centra en el supuesto incumplimiento de pagos y la emisión de cheques sin fondo, lo que ha generado un profundo malestar entre los vecinos.

Las denuncias, realizadas principalmente a través del diario local Nuevo Diario de Salta, apuntan hacia la intendenta Soledad Cabrera y su hermano, Ariel Cabrera, acusándolos de haber emitido cheques sin fondos por más de 30 millones de pesos a una empresa de pinturas llamada SINERGY SRL. Se estima que el monto total podría llegar a los 50 millones de pesos.

Para esclarecer la situación, el fiscal Salinas ha ordenado la solicitud de diversos informes al Departamento Legal y Técnico del municipio, incluyendo información sobre las cuentas bancarias a nombre del municipio, contratos con empresas involucradas, movimientos financieros y datos personales de la intendenta y el secretario de Gobierno.

Se prevé la declaración en sede judicial de las personas que realizaron las denuncias públicas.

El descontento ciudadano se ha expresado a través de manifestaciones frente al Concejo Deliberante, reclamando transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno municipal.

La empresa Colorín en el norte, ubicada en Córdoba, denunció públicamente un caso similar, afirmando que dos cheques emitidos por la intendenta Cabrera y su hermano por 15 millones de pesos cada uno carecían de fondos.

Sergio García, representante de la empresa, explicó que conocieron a la intendenta durante el aniversario de la ciudad en junio del presente año y posteriormente le solicitaron realizar cursos de capacitación en pinturería.

En agosto, el municipio comenzó a adquirir pintura para los trabajos de renovación del camping local.

Cumplimos con la entrega, pedimos que el municipio cumpla con el pago, ya que hasta el momento vamos entregando 21 millones en pinturería, declaró García.

El caso sigue su curso y las autoridades esperan obtener más información que permita determinar la responsabilidad de los involucrados y las consecuencias legales correspondientes.