Ante informes periodísticos que revelaron una ocupación irregular de territorio argentino por parte de cañeros bolivianos en la zona fronteriza del río Grande de Tarija, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ordenó el despliegue inmediato de fuerzas federales para recuperar el dominio sobre las áreas afectadas.
Las publicaciones realizadas por El Tribuno desde finales de septiembre documentaron diversas actividades ilegales, incluyendo usurpaciones de catastros rurales en el departamento San Martín, desmontes masivos en áreas selváticas, establecimiento de plantaciones irregulares de caña de azúcar y atropellos a comunidades indígenas ava guaraní.
La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, había adelantado a este medio que la cartera de Seguridad adoptaría medidas para investigar los graves hechos denunciados ante la Unidad Fiscal Salta, la cual recayó en la Fiscalía Federal de Orán.
En la denuncia, presentada el 13 de septiembre, se detalla cómo cañeros bolivianos avanzaron sobre varios catastros ribereños del departamento San Martín, desmontando alrededor de 2.500 hectáreas de bosque para establecer plantaciones ilegales desde las cuales contrabandean cerca de 150.000 toneladas anuales de caña de azúcar a Bolivia.
Es una situación que se ha venido arrastrando durante décadas.Se trata de un problema complejo que involucra no solo el contrabando y la usurpación de tierras, sino también la vulneración de los derechos indígenas, afirmó un experto en temas fronterizos consultado por este medio.
La ilegalidad de las plantaciones ya había sido detectada en 2014 durante un operativo conjunto entre Gendarmería, AFIP y Aduanas que culminó con el secuestro de 70.000 toneladas de caña de azúcar, la detención de individuos por delitos de contrabando y evasión fiscal, y la constatación de explotación infantil.
Las investigaciones no llegaron a un desenlace satisfactorio.
La Cancillería boliviana se involucró en el conflicto al inicio del presente año, al ser notificada sobre una causa penal iniciada en Tarija contra originarios ava guaraní de Trementinal General Mosconi por supuestos daños y turbaciones.
En dicha acción penal, el actor principal era Horacio Cruz Castro, líder cañero bermejeño, quien según la Cancillería boliviana, se adjudicaba tierras que correspondían al territorio argentino.
La primera denuncia por remoción ilegal de hitos, que marcó el inicio de la avanzada sobre los suelos salteños por parte de los cañeros bermejeños, data de 1994.
El lunes 7 de octubre, tras las evidencias documentales publicadas por El Tribuno y un relevamiento realizado in situ, la ministra Bullrich dispuso el despliegue de un Comando Unificado de fuerzas federales en la zona fronteriza.
Concurrentemente, la Fiscalía Federal de Orán formuló un requerimiento de incautación de las tierras ocupadas ilegalmente.