El gobernador Gustavo Sáenz presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial que busca generar una mayor responsabilidad en los conductores que participan en accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
La propuesta establece que los responsables deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas brindadas a través del sistema público de salud en caso de ocasionar un siniestro vial.
Dicha conducta, más allá de las sanciones previstas, merece que los responsables asuman las consecuencias económicas de la atención médica que demande la situación, expresó el gobernador Sáenz al justificar la iniciativa.
El mandatario resaltó que la atención a pacientes derivados de accidentes por conductores bajo la influencia de sustancias altera la estabilidad del sistema público de salud, obligando al erario a destinar recursos considerables a quienes conducen de manera irresponsable.
La atención llevada a cabo en los efectores de salud pública por accidentes de esta índole demanda erogaciones muy significativas.
Esto repercute en el sistema de Salud, que debe destinar sumas muy elevadas para la atención de quienes conducen de manera negligente e irresponsable, añadió el gobernador.
El proyecto establece una responsabilidad sin excepciones.En caso de que los responsables acrediten estado de insolvencia, deberán cumplir con la obligación a través de servicios comunitarios.
No admite excepciones, por eso el proyecto prevé que quienes acrediten estado de insolvencia, deberán cancelar la obligación mediante la prestación de servicios comunitarios, explicó Sáenz.
La iniciativa busca garantizar el respeto del esfuerzo de los contribuyentes, quienes financian el sistema de salud provincial a través de sus impuestos.
Persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes que, con el pago de sus impuestos, coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros viales, concluyó el gobernador.
El proyecto de ley propone:
Facultar al Ministerio de Salud Pública para realizar trámites correspondientes al cobro o recupero de prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis brindadas a quienes causen accidentes de tránsito bajo la influencia del alcohol o estupefacientes.
Establecer que quienes demuestren estado de insolvencia deberán cumplir con la obligación mediante servicios comunitarios conforme a la reglamentación.
En caso de falta de pago por parte de los obligados y transcurridos 60 días desde la facturación, o ante el incumplimiento del servicio comunitario, se emitirá un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente.