La comunidad indígena Kolla Guaraní Rio Blanco Banda Norte enfrenta una situación crítica en Orán, Salta, donde lleva un mes resistindo a la amenaza de desalojo de sus tierras ancestrales.
La tensión se intensifica por el lanzamiento judicial dispuesto por la jueza Catalina Gallo Pulo, quien ordenó la expulsión de la comunidad, alegando un reclamo de la empresa Río Zenta SRL, filial del Ex Ingenio El Tabacal.
Llevo 30 días viviendo una situación inhumana, expresó un portavoz de la comunidad, quien relata cómo la presencia policial se ha convertido en una constante fuente de amedrentamiento y miedo para los miembros de su comunidad.
Estamos aquí luchando por nuestros derechos, por nuestras tierras ancestrales que nos fueron arrebatadas injustamente, añadió con voz firme.
A pesar de la suspensión temporal del desalojo, la comunidad teme que la resolución definitiva pueda confirmar el lanzamiento judicial, lo que implicaría una grave vulneración a su derecho ancestral a la tierra.
El abogado Pablo Macarón, representante legal de la comunidad, destaca que la Resolución N573 del 19 de noviembre de 2015, emitida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoce formalmente las tierras en disputa como propiedad comunitaria ancestral.
La incertidumbre jurídica y la posibilidad de perder sus hogares ha generado un profundo impacto emocional dentro de la comunidad.
Nos sentimos indefensos frente a este poder que pretende arrebatarnos nuestras raíces, nuestra identidad, expresa una mujer indígena con lágrimas en los ojos.
De la presión por el desalojo inminente, la comunidad se enfrenta al temor por la posible derogación de la Ley 26.610 de propiedad de tierras a comunidades indígenas, lo cual podría exponerlos a mayores vulnerabilidades.
Esta ley es nuestra única protección contra la expropiación de nuestras tierras, afirma un anciano, quien recuerda con nostalgia la vida que han llevado en estas tierras por generaciones.
La comunidad indígena se prepara para presentar sus argumentos ante los tribunales este lunes, buscando revertir la decisión judicial y proteger su derecho ancestral a la tierra.
Su lucha representa un desafío al sistema legal vigente y una llamada de atención sobre la necesidad de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.