La Unión Europea se encuentra en un debate intenso sobre la necesidad de aumentar las devoluciones de migrantes, una cuestión que ha tomado mayor relevancia tras la adopción del pacto migratorio y de asilo el pasado mayo.
Este nuevo enfoque migratorio plantea la posibilidad de establecer centros de deportación en países terceros, una medida que reaviva el debate sobre su legalidad e impacto humanitario.
La migración es un desafío europeo que requiere una respuesta europea, se señala en las conclusiones aprobadas por los líderes europeos durante la reciente cumbre.
La idea de crear campos de deportación fuera de la Unión Europea ha generado controversia.
Italia, a la cabeza de esta iniciativa, ha firmado recientemente un acuerdo con Albania para el establecimiento de un centro de retorno.
Este precedente, junto con la creciente presión por controlar la migración irregular, ha motivado que otros países miembros como Dinamarca y Países Bajos se sumen a esta propuesta.
La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha manifestado su intención de explorar diferentes vías para avanzar en la creación de estos centros, aprendiendo de la experiencia italiana con Albania.
Von der Leyen ha pedido a los Estados miembros que consideren nuevas formas de prevenir y contrarrestar la migración irregular, siempre respetando el derecho internacional y comunitario.
La propuesta no carece de críticos.Algunos expertos advierten sobre el riesgo de que estos centros se conviertan en espacios de violación de los derechos humanos.
Es fundamental garantizar que las devoluciones sean seguras, legales y respetuosas con la dignidad humana, señala un portavoz de Amnistía Internacional.
A pesar del debate, la UE insiste en la necesidad de encontrar una solución efectiva para abordar el fenómeno migratorio.
La creación de centros de deportación plantea una opción controvertida que podría marcar un antes y después en la política migratoria europea.