¿Legitimidad electoral o incentivo indebido?Musk promete un millón de dólares diarios a votantes registrados.
Elon Musk, magnate multimillonario y conocido por sus empresas Tesla y SpaceX, ha anunciado una polémica iniciativa que promete regalar hasta un millón de dólares al día a votantes registrados en estados clave.
La condición: firmar una petición del America PAC, el comité de acción política con el que Musk está invirtiendo decenas de millones de dólares para apoyar la candidatura del republicano Donald Trump.
La petición busca promover la Constitución estadounidense, especialmente los derechos a la libertad de expresión y portación de armas.
Musk ha declarado su intención de distribuir este dinero hasta el 5 de noviembre, buscando conseguir más de un millón de firmas.
La iniciativa se limita a votantes registrados en estados clave como Pensilvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte.
Del pago diario, la página web de America PAC ofrece a los firmantes 47 dólares por cada nuevo votante registrado que convenzan para firmar la petición.
Musk ya puso en práctica su promesa al repartir un millón de dólares durante un evento de campaña en Pennsylvania.
Esta iniciativa ha generado controversia y dudas sobre su legalidad.Brett Kappel, abogado especializado en financiación de campañas, señala que no se puede dar algo de valor a la gente a cambio de que voten o se registren para votar.
Kappel hace referencia a un estatuto federal que prohíbe ofrecer cualquier tipo de incentivo económico como forma de influir en la decisión electoral.
El gobernador demócrata de Pennsylvania, Josh Shapiro, ha expresado su preocupación sobre este tipo de prácticas: Si bien Musk tiene derecho a expresar sus opiniones, cuando se involucran grandes sumas de dinero en política, surgen serias interrogantes que la gente merece analizar.
Musk, reconocido por su apoyo ferviente al expresidente Donald Trump y el movimiento MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo), ha donado 75 millones de dólares a America PAC desde julio pasado.
Este caso plantea una importante pregunta sobre los límites éticos y legales de la participación financiera en procesos electorales.