El reciente comentario del presidente Javier Milei sobre la inutilidad de la universidad pública para la mayoría de la población ha generado un amplio debate.

Milei afirma que los beneficios de la educación superior se concentran en las élites, argumentando que solo beneficia a los hijos de familias acomodadas.

Esta postura, sin embargo, contrasta con datos contundentes provenientes del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), dependiente de la Universidad Nacional de Salta (Unsa).

El Ielde desmiente categóricamente la afirmación presidencial al revelar que en Salta el 51% de los estudiantes universitarios pertenecientes al sector público se encuentran bajo la línea de pobreza.

Este porcentaje supera significativamente la media nacional, donde el 42,3% de los estudiantes universitarios son pobres.

El informe del Ielde destaca la importancia crucial de la universidad pública como motor de movilidad social ascendente en Salta, un factor fundamental para lograr una sociedad más equitativa.

La universidad pública juega un rol vital al ofrecer oportunidades educativas a jóvenes provenientes de contextos socioeconómicos diversos, explica Jorge Paz, director del Ielde.

Nuestro estudio demuestra que los estudiantes de la Unsa provienen principalmente de familias con niveles educativos inferiores, lo que evidencia el papel fundamental de la educación superior en romper ciclos de pobreza intergeneracional.

El análisis del Ielde revela que solo un 22,6% de los estudiantes de la Unsa residen con un padre o madre con estudios universitarios completos.

En contraste, entre aquellos que asisten a universidades privadas, este porcentaje asciende al 34%.Esta diferencia significativa ilustra cómo la universidad pública actúa como un puente hacia una mayor movilidad social para jóvenes provenientes de entornos menos favorecidos.

El Ielde destaca que en Salta solo el 17,6% de los estudiantes universitarios nacidos en el interior provincial provienen de familias con estudios superiores completos, lo que refleja una menor acceso a la educación superior para aquellos que residen fuera de la capital.

Estos datos subrayan la necesidad de políticas públicas específicas para garantizar la equidad educativa y promover la inclusión social.

El informe del Ielde también evidencia las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes salteños en general.

Más del 50% de esta población vive en hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica de bienes, mientras que el 12% reside en hogares cuya situación económica no permite adquirir siquiera una canasta básica de alimentos.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad urgente de políticas públicas que aborden las desigualdades socioeconómicas y aseguren un futuro más justo para los jóvenes salteños.