El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció recientemente para desmentir una serie de mitos que circulan sobre las universidades públicas argentinas.
A través de un comunicado, el organismo refutó afirmaciones difundidas por sectores políticos y medios de comunicación que cuestionan la gestión, financiación y acceso a la educación superior pública.
Una de las falacias más recurrentes es la idea de que las universidades inventan estudiantes para obtener mayores recursos económicos.
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, desmintió esta afirmación durante una entrevista radial, argumentando que el presupuesto universitario no se basa en la cantidad de alumnos inscritos.
Los fondos se reparten según el último presupuesto consolidado y se tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología, explicó Torrendell.
El CIN corroboró esta información, señalando que las universidades argentinas son auditadas por distintos organismos públicos, incluyendo el Congreso Nacional y la CONEAU (Consejo Nacional de Educación).
Otra falacia común es la idea de que las universidades públicas son inaccesibles para los sectores más vulnerables.
Datos del CIN revelan que el 48,5% de los estudiantes universitarios provienen de hogares por debajo de la línea de pobreza.
Casi el 70% de los alumnos son hijos de padres sin título universitario, lo que refleja un acceso a la educación superior cada vez mayor para las primeras generaciones de sus familias.
El debate sobre los salarios en el ámbito universitario también se ha intensificado en los últimos meses.
Desde sectores libertarios se argumenta que los sueldos universitarios son excesivos en comparación con otros sectores del Estado.
El CIN refutó esta afirmación, denunciando la pérdida significativa del poder adquisitivo del personal docente y no docente en los últimos años.
Más del 85% de los docentes de las universidades nacionales ganan salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60% de los no docentes se encuentran en la misma situación, declaró el CIN. La pérdida de poder adquisitivo durante el último año supera el 30%.
El presidente Javier Milei vetó recientemente la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que esta afectaría el equilibrio fiscal nacional.
El Consejo Nacional de Investigaciones (CNI) argumentó que el impacto económico de la ley es mínimo, representando apenas el 0,14% del PBI. Esta cifra podría ser financiada con el superávit financiero anual acumulado, indicó el CNI.
La controversia en torno a las universidades públicas refleja la tensión política y social existente en torno a la financiación y el acceso a la educación superior en Argentina.
El debate continúa abierto, con diferentes actores defendiendo sus intereses y visiones sobre el futuro de la educación pública.