La provincia de Salta se enfrenta a una grave crisis humanitaria dentro de su sistema penitenciario, con el hacinamiento carcelario alcanzando niveles alarmantes que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los reclusos.

Familiares de detenidos han expresado su profunda preocupación mediante reiteradas manifestaciones, exigiendo una solución urgente a esta problemática compleja.

El panorama actual se caracteriza por un marcado sobrepoblacion en las cárceles provinciales.La cárcel de Villa Las Rosas, con capacidad para 1.150 internos, alberga actualmente más de 1.600 personas privadas de libertad, lo que representa un exceso del 40%.

Esta situación no se limita a la capital provincial; alcaldías y comisarías en el interior también reciben presos condenados por falta de espacio en los centros penitenciarios.

Rodrigo Solá, presidente de la Comisión de Prevención contra la Tortura, ha alertado sobre las deplorables condiciones en que viven los detenidos.

En declaraciones al programa Somos la Mañana, Solá subrayó la urgencia de abordar esta crisis humanitaria que afecta a la salud física y mental de los reclusos.

Las condiciones precarias, el hacinamiento extremo y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos adecuados y atención médica generan un ambiente hostil e inhumano, señaló Solá.

Esta situación viola los derechos humanos fundamentales de las personas privadas de libertad.
del hacinamiento, se observa un aumento significativo en el número de mujeres involucradas en delitos relacionados con el narcotráfico, lo que añade presión al sistema carcelario ya sobrecargado.

Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres detenidas están ligadas a actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las mujeres encarceladas enfrentan desafíos adicionales como la falta de acceso a programas de reinserción social y la necesidad de cuidado de sus hijos, explicó Solá.

Es fundamental que se implementen políticas específicas para abordar las necesidades particulares de este grupo vulnerable.

Los delitos más frecuentes que conducen a la prisión en la provincia son los relacionados con la violencia de género y los delitos contra la propiedad.

Esta realidad refleja la gravedad de estos problemas sociales que afectan profundamente a la comunidad salteña.