El precio del boleto del transporte público en Salta sufrirá un nuevo incremento, pasando de 690 a 890 pesos a partir del próximo lunes.
Esta decisión, tomada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), desató debate y controversia entre usuarios, expertos y representantes del sector.
La AMT argumenta que el aumento, equivalente al 29% sobre la tarifa vigente, se justifica por el contexto inflacionario actual y el impacto en los costos operativos de Saeta, la empresa concesionaria del servicio.
Marcelo Ferraris, presidente de la AMT, destacó el alza del precio del combustible, la inflación, el incremento salarial del sector transporte y el aumento del salario mínimo vital y móvil como factores determinantes para la decisión.
Saeta había solicitado inicialmente un boleto de 995 pesos, pero optómos por un incremento más moderado, explicó Ferraris durante la presentación del nuevo tarifario.
Mantenemos las políticas de gratuidades, el sistema de transbordo sin costo y la tarifa plana en toda el área metropolitana, aseguró para intentar mitigar las críticas.
Claudio Mohr, presidente de Saeta, coincidió con la necesidad de ajustar la tarifa pero recalcó que esta decisión se da en un contexto complejo: Es un esfuerzo grande para mantener estos beneficios, que muchas otras provincias no ofrecen.
Mohr señaló que, a pesar del aumento, Saeta mantendrá los beneficios actuales. Comparó la situación de Salta con otras provincias como Corrientes y Chaco, donde los boletos cuestan 1.290 y 1.150 pesos respectivamente, y los recorridos urbanos son significativamente más cortos.
En Salta, el boleto permite viajes de hasta 62 kilómetros, como el trayecto hasta Coronel Moldes, algo que en otras provincias cuesta mucho más, destacó Mohr, quien enfatizó la importancia de estos beneficios para las personas con menores recursos económicos, especialmente en el Valle de Lerma.
El debate sobre el aumento del boleto del colectivo refleja el delicado equilibrio entre los intereses de la empresa, los usuarios y las políticas públicas.
Mientras algunos argumentan que el ajuste es necesario para garantizar un servicio eficiente, otros critican su impacto negativo en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis económica.
La AMT ha convocado a una audiencia pública en General Güemes para tratar la readecuación de tarifas del servicio de transporte masivo interjurisdiccional.
El objetivo es buscar un equilibrio entre las necesidades del sector y el bienestar de los usuarios.