Un manto de preocupación se extiende sobre las comunidades originarias argentinas ante una serie de disposiciones gubernamentales que amenazan sus derechos territoriales.
La reciente derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, junto con la información pública sobre un posible decreto que derogaría la Ley 26.160 de Protección y Resguardo de la Posión y Propiedad Comunitaria Indígena, ha encendido las alarmas en distintos sectores vinculados a los pueblos indígenas.
Esta situación se produce en un contexto especialmente sensible, ya que coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Walter Cruz, representante indígena de Iruya, denunció durante una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores provincial una política indianista que considera paternalista y despectiva hacia las comunidades originarias.
La derogación de estas leyes, según Cruz, nos culpan de que no hay inversiones.Y los derechos de los pueblos indígenas.
La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena de Argentina expresó su repudio a lo que calificó como resoluciones regresivas en materia de derechos humanos, especialmente contra los pueblos indígenas.
Hacemos público nuestro repudio y alertamos al gobierno nacional, como a los gobiernos provinciales, legisladores, y al Poder Judicial, que tal accionar irresponsable traerá consecuencias nefastas y violentas sobre los territorios, señalaron los abogados en un comunicado.
Este panorama genera incertidumbre y temor entre las comunidades indígenas, quienes temen una escalada en la conflictividad social y política derivada del incumplimiento histórico de sus derechos.