El primer semestre del año ha reportado un aumento preocupante en los embarazos adolescentes en Salta.
Con 40 casos confirmados de niñas menores de 15 años embarazadas, la situación genera una profunda reflexión sobre las consecuencias del cierre del Plan Nacional para el Embarazo No Intencional (ENIA) y su impacto en la salud sexual reproductiva de la juventud salteña.
Según datos oficiales de la Subsecretaría de Medicina Social, el área geográfica más afectada se encuentra en la región sanitaria Norte, concentrando el 60% de los casos.
Esta disparidad territorial refleja posibles desigualdades en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como en la disponibilidad de información y educación sobre el tema.
La edad promedio de las adolescentes embarazadas se sitúa en 14 años, con un alto porcentaje (80%) correspondiendo a jóvenes de esta franja etaria.
Este panorama alarmante contrasta con los logros alcanzados por el Plan ENIA, que logró reducir en un 50% la tasa de embarazos adolescentes entre 2018 y 2023.
El cierre del programa ENIA, decretado en marzo, ha sido ampliamente criticado por expertos e instituciones como UNICEF Argentina.
Sebastián Roldán, ex integrante del Plan ENIA, destaca que el impacto del cierre se sentirá a largo plazo, ya que los anticonceptivos de larga duración implantados durante el período del programa seguirán ofreciendo protección durante al menos tres años.
La periodista Natalia Nieto resalta que en 2023 se habían colocado 16.837 métodos anticonceptivos de larga duración, lo cual demuestra la efectividad del programa.
Solo 293 fueron colocados tras el cierre del mismo en marzo.Este panorama evidencia la fragilidad del acceso a métodos anticonceptivos y la necesidad urgente de implementar medidas alternativas para garantizar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
El caso de Salta se convierte en un espejo que refleja una problemática nacional que demanda atención inmediata.
La falta de políticas públicas contundentes que promuevan el acceso a la información, educación, servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos, coloca en riesgo la salud y el futuro de miles de jóvenes.
Es crucial que las autoridades reconozcan la gravedad de esta situación y tomen medidas urgentes para proteger los derechos sexuales y reproductivos de la juventud argentina.