Un escándalo sacude el ámbito judicial de Orán, Salta, donde el juez Claudio Alejandro Parisi y su sobrina, la sargento Mariana Castellanos, enfrentan graves acusaciones por cohecho pasivo agravado.

La investigación se desencadenó tras interceptar conversaciones entre Castellanos y Beatriz Leniz, una mujer imputada por narcotráfico, en las que acordaban beneficios procesales a cambio de dinero para el juez.

Leniz habría pagado a Castellanos, quien actuaba como intermediaria de Parisi, para asegurar su liberación y detener el proceso judicial.

El caso avanzará hacia juicio oral y público luego de comprobarse diversas irregularidades en el manejo del proceso.

En el análisis de las comunicaciones contenidas en el celular de la investigada Castellanos, surgen diálogos entre esta y Beatriz Leniz, imputada por comercializar estupefacientes, en los que se acuerda la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero para el juez de Garantías a cargo de la causa, detalla un informe presentado ante la Procuración General de la Provincia de Salta por parte de la Fiscal Penal 2 de Orán.

Ante esta situación, el Procurador General, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal mediante la Resolución N.º 146323 para investigar las sospechas iniciales.

La relación familiar entre Castellanos y Parisi fue un punto crucial en la investigación.La sargento invocaba abiertamente su parentesco con el juez al referirse a él como su tío, lo que se confirmó a través de información del Registro Civil provincial.

Este caso no es el primero que enfrenta a Parisi.Actualmente, el magistrado tiene en trámite un requerimiento a juicio por cohecho por la comisión del mismo delito en una causa por el robo de la empresa Abra del Sol con el procesado Cristian Palavecino.

En esa ocasión, los fiscales concluyeron que le concedió arresto domiciliario al imputado Dimas Ruiz a cambio de una suma de dinero.

El escándalo judicial genera indignación y preocupación en la comunidad, generando interrogantes sobre la ética y la imparcialidad del sistema judicial.