El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) en Salta interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte de Justicia provincial, denunciando las deplorables condiciones de detención que padecen más de 800 personas privadas de libertad en diversas comisarías.
Esta decisión se basa en minuciosas inspecciones realizadas por el CPT durante los últimos dos años, liderado por Rodrigo Sebastián Solá, quien preside el organismo.
Las visitas revelaron una realidad alarmante: las celdas, diseñadas como alojamientos transitorios, están funcionando como cárceles supletorias, resultando en sobrepoblación y hacinamiento extremo.
Las condiciones denunciadas son inhumanas y mortificantes, convirtiendo en ilegítimas dichas privaciones de la libertad, afirma el texto del recurso presentado ante la Corte.
El documento destaca que estas prácticas vulneran los estándares internacionales a los que Argentina se adhirió y el mandato constitucional de tratar a toda persona detenida con humanidad y respeto a su dignidad.
El recurso, asesorado legalmente por Tania Nieves Kiriaco, se extiende en beneficio de todas las personas privadas de libertad alojadas en las dependencias policiales inspeccionadas: Comisarías 3 y 4, Cuerpo Policial Femenino de Tartagal, Nro.1 de Pichanal, Nro.
1 de Embarcación, Nro.1 de Rosario de la Frontera, Nro.1 de Metán, Cuerpo Policial Femenino de Metán, Comisarías Nro.
1, 3 y 4 de Orán, Subcomisaría Nro.9 y Brigada de Investigación de Orán, y Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa.
Las inspecciones revelaron celdas húmedas o inundadas, baños sin duchas ni agua caliente, falta de elementos de higiene, medicamentos, entretenimiento, trabajo y acceso insuficiente a la salud.
Se constató que los detenidos carecen en general del contacto con sus abogados y permanecen aislados de su entorno familiar y social.
Las comisarías están desbordadas, afirma la abogada Tania Kiriaco.Son lugares de alojamiento transitorio para hasta seis horas, pero hay personas condenadas incluso a cadena perpetua alojadas ahí.
La letrada destaca que esta situación sobrecarga a policías que carecen de la formación específica para ser custodios de detenidos.
El CPT solicita a la Corte que ordene acciones urgentes para corregir estas condiciones y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Entre las medidas solicitadas se encuentra el traslado inmediato de las personas condenadas a centros penitenciarios y un sistema unificado de estadísticas oficiales a nivel provincial.
La situación denunciada por el CPT resalta la precariedad del sistema carcelario salteño y pone en evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales para garantizar condiciones dignas de detención y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.