La comunidad de Santa Ana II, ubicada en el límite con Los Tarcos y Estación Alvarado, se encuentra bajo una profunda incertidumbre por la amenaza inminente de desalojo.
Más de cien familias que han habitado estas tierras durante más de dos décadas enfrentan un conflicto legal complejo que pone en jaque su futuro.
La raíz del problema se remonta a 2018, cuando Alberto Rueda adquirió supuestamente los terrenos donde se encuentran las casas, mediante una transacción cuestionada realizada en Buenos Aires por una suma irrisoria.
A pesar de la larga posesión de los vecinos y el reconocimiento oficial de sus derechos, la situación se ha complicado debido a un veto del Ejecutivo Provincial a una ley de expropiación aprobada por ambas cámaras legislativas.
El Estado nos soltó la mano, expresó Carina Miranda, portavoz de las familias afectadas, destacando su desesperación ante la falta de apoyo estatal.
Estamos solos y tenemos posesión de los terrenos, no vamos a negociar con él porque no es dueño de nuestras tierras.
Los vecinos denuncian un hostigamiento sistemático por parte de Rueda y sus abogados, quienes les presionaron para que firmen convenios de compraventa con términos desfavorables.
La propuesta incluía pagos en dólares con intereses cada tres o seis meses, lo que representaba una carga económica insostenible para la mayoría.
Él nos quiere vender nuestros terrenos a través de un plan de pagos en dólares y cada tres o seis meses con generación de intereses, explicó Miranda.
Decidimos no entrar en esa negociación porque somos los poseedores legítimos desde hace más de 20 años, y las tierras fueron compradas al Banco Caseros y al Banco del Noroeste, que van a la quiebra, quedando en manos de los síndicos.
La aprobación unánime de la Ley de Expropiación por parte del legislativo provincial representaba una luz de esperanza para los vecinos.
El veto del vicegobernador Antonio Marocco, justificado por la falta de recursos económicos, frustró sus expectativas y les dejó en una situación vulnerable.
No entendemos el porqué del veto, y lo que ellos justifican es que no hay plata, expresó Miranda con frustración.
Sabemos que una expropiación se puede hacer a largo plazo, y es por eso que estamos levantando la consigna de NO AL VETO.
La falta de respuestas por parte de las autoridades ha generado un clima de tensión en la comunidad.
Los vecinos temen que cualquier desalojo genere un conflicto social y responsabilizan al gobernador por la situación actual.
Cualquier cosa que pase a mayores, va a caer en la espalda del señor gobernador, advirtió Miranda, dejando claro que la responsabilidad de cualquier posible crisis recaería sobre el Ejecutivo Provincial.
El caso de Santa Ana II expone una grave vulneración a los derechos de los ciudadanos y pone en evidencia la necesidad de un enfoque más justo y humano en las políticas habitacionales.
La incertidumbre y la amenaza del desalojo pesan sobre la comunidad, que se encuentra al borde del colapso emocional y económico.