
Secretaría de Derechos Humanos repudió la 'guerra legal' contra Cristina Fernández de Kirchner
La Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla Corti aseguró que mantendrán diálogo con organismos internacionales . directa', en este caso de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al desconocer sus garantías fundamentales del estado de derecho.
Así lo aseguró la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti en un comunicado, en el que señaló: 'Desde el inicio de la nueva administración, en diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos viene advirtiendo que el lawfare o 'guerra legal' constituye una práctica. que viola los derechos humanos y opera como condición de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública'.
El organismo recordó que 'tiene la responsabilidad de investigar' hechos en los que 'autoridades estatales puedan ser responsables de la vulneración de derechos', como es el caso del lawfare, promovido 'por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados de la economía'. y poder mediático.
Desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2019, desde la @SDHArgentina venimos advirtiendo que el lawfare o 'guerra legal' constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, la agenda política y la opinión pública. .pic.twitter.com/aS8DEjJ0el
- Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) 2 de agosto de 2022
' El lawfare es una práctica violatoria de los derechos humanos, en primer lugar, en tanto subyuga los derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de sus acciones' , señala el comunicado, y agrega que esta práctica también 'permite el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos'.
En ese sentido, la Secretaría argumentó que 'en estos casos judiciales, como los que enfrenta el expresidente, bajo la excusa de investigar y sancionar actos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de derecho: garantías básicas del debido proceso como como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que deben guiar la actuación del Ministerio Público'.
Asimismo, llamó 'a favor de la independencia judicial y la democracia ' y 'lamentó profundamente que esta situación esté siendo avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como máxima autoridad de un poder del Estado debe intervenir para restaurar la legitimidad del servicio de justicia'.
La Secretaría aseguró que mantendrán diálogo con organismos internacionales 'para que realicen un escrutinio exhaustivo de estos procesos judiciales irregulares'.
Retomando su argumentación esta mañana en el juicio contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un 'domicilio bruto inadmisible ' a favor de las empresas de Lázaro Báez. en la adjudicación de obras públicas viales nacionales entre 2003 y 2015.
Además del expresidente Báez, están enjuiciados el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.