En España, la política de vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas y de los regidos por el PP.Foto: AFP
El Gobierno español anunció esta semana una ley de vivienda que, entre sus puntos centrales, regulará los precios de alquiler y sancionará las propiedades desocupadas, una iniciativa que busca solventar los déficits de la zona, que afectan a casi una cuarta parte de su población, pero que es rechazada por la oposición, que no la implementará en las comunidades donde gobierna y acudirá a los tribunales para anularla.La coalición de gobierno formada por PSOE y United We Can acordó el proyecto tras arduas negociaciones en las que cada partido cedió y cedió: los socialistas acordaron regular los montos de las rentas, algo a lo que se oponían en principio, y a cambio, sus socios lo harán. Dar su apoyo en el Congreso a la Ley de Presupuestos 2022, que prevé el gasto social más alto de la historia.
Uno de los ejes de la iniciativa será obligar a las personas jurídicas con al menos 10 viviendas a bajar los alquileres en base a un índice de referencia '.
Uno de los ejes de la iniciativa será obligar a las personas jurídicas (inmobiliarias y fondos de inversión) con al menos 10 viviendas a bajar los alquileres en base a un índice de referencia, mientras que aquellos propietarios con menos de 10 inmuebles deberán congelar los precios y en regreso recibirán incentivos fiscales.
La gran barrera para avanzar con esto es que en España, la política de vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas y las gobernadas por el opositor Partido Popular (PP) ya han anunciado que no avanzarán en su implementación señalando que sí '. un ataque a la propiedad privada '.
La fuerza la lidera las comunidades de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, que en conjunto suman más de 21 millones de habitantes y concentran casi la mitad de los 290.758 propietarios con más de 10 inmuebles que se verían afectados por la legislación, dijo. el diario El País.
Tampoco será otro punto central del proyecto de aplicación : un recargo de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Raíces (IBI) a las viviendas deshabitadas , que pertenece a una persona física o jurídica que tiene más de cuatro propiedades.
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las críticas
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió el 'equilibrio' del texto que será 'socialmente comprometido' y del 'absoluto' respeto a la propiedad privada, por lo que pidió a las partes que construyan un 'pacto de Estado' en torno a las regulaciones.Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, calificó la iniciativa de 'intervencionismo suicida' y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para derogar la ley una vez sea aprobada.
En la misma línea, el partido de extrema derecha Vox y los Liberales de Ciudadanos, así como las grandes inmobiliarias, se sumaron al rechazo bajo el argumento de que generará una menor oferta de inmuebles en alquiler y, por tanto, un aumento de la cantidad a pagar.
Estamos a favor de que la gente haga lo que quiera con lo que es suyo.
Recurriremos a la ley constitucional de la vivienda de Sánchez y no será aplicada por las CCAA y ayuntamientos del PP.
Su intervencionismo suicida ataca la libertad, la propiedad privada y aumenta el precio pic.twitter.com/RVmy4jrI1L
- Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de octubre de 2021
Problemas
Pero el contexto muestra que la mano invisible del mercado no solucionó los problemas, sino que por el contrario los provocó: subida de precios en compras y alquileres, especialmente en las grandes ciudades, falta de vivienda social, desalojos, precariedad y exclusión conforman el panorama actual agravado por la pandemia de coronavirus.En concreto, el 23,7% de la población se ve afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda como deficiencias en la construcción, hacinamiento, barreras arquitectónicas para personas con discapacidad y gastos excesivos, según un reciente informe de la Fundación Foessa de Cáritas España.
'Desde las entidades del tercer sector venimos advirtiendo desde hace años que la vivienda es un determinante social muy importante para explicar los procesos de exclusión y pobreza', explicó a Télam Aitana Alguacil, socióloga y defensora técnica y estudios de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y exclusión social en España (Eapn-Es)
El 23,7% de la población se ve afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda como deficiencias en la construcción, hacinamiento, barreras arquitectónicas para personas con discapacidad y gastos excesivos '.
El representante de la ONG señaló que 'la vivienda pública construida actualmente es la más baja desde la década de 1950' y remarcó que 'desde 2008 la inversión de los Presupuestos Generales del Estado dedicados a la política de vivienda disminuyó en un 69%'.
'Los últimos presupuestos, los que salieron el año pasado, revirtieron esto y lo incrementaron en torno a un 300% y lo que proponemos es que es fundamental establecer esta tendencia', añadió el experto.
En este sentido, calificó de 'histórica' la decisión de impulsar una ley , ya que 'hasta el momento no existe una política específica' en la zona, más allá del artículo de la Constitución que establece el 'derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada'.
El proyecto
El proyecto anunciado por el Gobierno también ratifica la construcción de unas 20.000 viviendas sociales, la rehabilitación de barrios enteros y amplía la oferta de las llamadas viviendas protegidas , accesibles a precios más asequibles para quienes cumplen determinados requisitos máximos de ingresos, y propiedades sociales. específicamente para colectivos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor.Además, incluye ayudas directas al alquiler de 250 euros mensuales para personas de entre 18 y 35 años que tengan sueldos bajos, con el objetivo de ayudarles con el alquiler y, por otro lado, establece medidas de protección frente a los desalojos.
Alguacil valoró estas pautas pero indicó que aún no se había presentado la letra pequeña del proyecto para ponderarlo : 'No se sabe si es una ayuda por hogar o por persona. No es lo mismo que un joven tenga 250 euros'. un mes para pagar un piso a que son 500 en el caso de que también lo reciba su pareja con quien vive '.
De igual forma, afirmó que la suspensión de los desalojos es una medida que ya se rige por el llamado 'escudo social' decretado frente a la pandemia, lo que no impidió que siguieran ocurriendo: 'En 2020 hubo Fueron 18.900 viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias, de las cuales 7.000 eran viviendas habituales '.
