París La líder del Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación política tras ser hallada culpable en un caso de desvío de fondos públicos destinados al Parlamento Europeo.
La sentencia, dictada el pasado lunes, marca un punto de inflexión en la política francesa y ha generado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando una creciente preocupación por la judicialización de la política y sus implicaciones para la democracia.
El caso se centra en una práctica fraudulenta que tuvo lugar entre 2004 y 2016, donde asistentes parlamentarios ficticios eran creados para canalizar fondos públicos al partido RN. La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, destacó el papel clave desempeñado por Le Pen, entonces líder del partido, en la orquestación de este esquema.
De la inhabilitación, la condena incluye cuatro años de prisión, dos de ellos con brazalete electrónico, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación política inmediata.
La sentencia ha provocado un profundo debate sobre el alcance del poder judicial en la esfera política.
Mientras que algunos defienden la aplicación estricta de la ley como garantía de transparencia y rendición de cuentas, otros expresan inquietudes sobre la erosión de la presunción de inocencia y la potencial manipulación de procesos judiciales con fines políticos.
Es innegable que este caso plantea serias interrogantes sobre el equilibrio de poderes en Francia, señala François Bayrou, ex primer ministro francés, quien aunque absuelto previamente en otro proceso judicial por desvío de fondos, ha manifestado su preocupación ante la severidad de la medida impuesta a Le Pen.
La aplicación de una ley sin considerar el contexto y las consecuencias puede socavar los principios fundamentales del debido proceso.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar.Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha calificado el caso como un ejemplo de lawfare, acusando a la izquierda europea de utilizar el sistema judicial para silenciar a sus opositores políticos.
Es el mismo guion que usaron contra mí, afirmó en una publicación en X (antes Twitter), respaldada por Elon Musk con el hashtag FreeLePen.
Por su parte, Pablo Iglesias, líder del partido español Sumar, ha advertido sobre los peligros de celebrar la inhabilitación de un candidato político sin una reflexión crítica.
Hay que guardar cautela antes de celebrar que un juez pueda eliminar a una candidata de una carrera electoral, declaró en un editorial publicado en Canal Red.
La condena de Marine Le Pen supone un revés significativo para el RN, especialmente considerando que la líder del partido encabezaba las encuestas con un 37% de apoyo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Aunque existe la posibilidad de una apelación, el tiempo apremia y el resultado es incierto.
El incidente ha reavivado el debate sobre la judicialización de la política, un fenómeno que se observa en diversos países del mundo.
Desde los casos de Lula da Silva en Brasil hasta los de Cristina Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador, políticos de izquierda han enfrentado procesos judiciales que han afectado su trayectoria política.
En contraste, figuras como Jair Bolsonaro en Brasil y Călin Georgescu en Rumanía también han sido objeto de controversias legales, generando acusaciones de persecución política por parte de sus defensores.
La manifestación convocada para este domingo en París en apoyo a Marine Le Pen refleja la polarización del debate político francés y la creciente desconfianza hacia las instituciones.
La sentencia judicial no solo ha marcado un hito en la carrera política de una figura clave en el panorama europeo, sino que también ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del poder judicial y su impacto en la democracia.
