El gobernador Gustavo Sáenz tomó la decisión drástica de intervenir administrativamente el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) por un período de 180 días, ante la profunda crisis financiera que aqueja a la institución.
Esta medida, plasmada en el Decreto N 108 y publicada en el Boletín Oficial provincial, busca estabilizar las finanzas del organismo y garantizar la prestación continua de servicios médicos a los afiliados.
La crisis se ha intensificado en el último año debido a la fluctuante demanda de insumos y medicamentos, un problema que afecta al sistema de salud nacional.
A pesar de los esfuerzos económicos realizados por la provincia, la situación financiera del IPSS se agravó, generando descontrol en la gestión económica y acumulación de deudas millonarias que superan los 25 mil millones de pesos.
La intervención es necesaria para reordenar las finanzas del IPSS, fortalecer los mecanismos de control y auditoría, reorganizar la prestación de servicios y gestionar eficientemente los vínculos con los prestadores, se argumenta en el decreto.
La medida se fundamenta en el artículo 20 de la Ley N 5348, que autoriza la intervención de organismos públicos ante situaciones de gravedad institucional.
Con esta decisión, el Directorio del IPSS cesa en sus funciones de manera inmediata y se designa al contador Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu como interventor.
Este último tendrá amplias facultades para dirigir la regularización del gasto y asegurar la continuidad de las prestaciones médicas.
Su nombramiento ha generado controversia luego de que el propio Savoy Uriburu presentara su renuncia a su cargo anterior como Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia por motivos personales, aunque algunos sectores especulan sobre una posible relación con su nueva función en el IPSS.
La intervención del IPSS ha provocado preocupación entre los afiliados y prestadores de servicios, quienes han denunciado demoras en los pagos y dificultades para acceder a prestaciones médicas.
La situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud provincial. El gobierno tiene un plazo de 10 días para comunicar la intervención a la Legislatura Provincial, mientras que el nuevo interventor enfrenta el desafío de estabilizar la obra social y asegurar la cobertura médica de los afiliados.
La intervención es una medida urgente necesaria para evitar el colapso del sistema, afirma un especialista en derecho sanitario.
Se espera que las autoridades brinden información transparente sobre los planes para revertir la crisis financiera y garantizar la continuidad del servicio público de salud.
