La decisión de un juez federal de permitir al presidente vetar a la agencia de noticias Associated Press (AP) ha generado controversia y debate en torno a la libertad de prensa en Estados Unidos.
El juez Trevor McFadden, nombrado por el presidente Donald Trump, rechazó la solicitud de AP para suspender el veto impuesto debido a que la agencia se negó a acatar la directiva presidencial de llamar al Golfo de México Golfo de América.
McFadden argumentó que AP no pudo demostrar un daño irreparable, pero instó al gobierno a reconsiderar su postura.
Considero problemático que la Casa Blanca haya discriminado a un medio de comunicación, declaró el juez.
La Casa Blanca celebró la decisión del tribunal, afirmando que preguntar al presidente en el Despacho Oval o en el Air Force One es un privilegio, no un derecho legal.
Nos mantenemos firmes en nuestra decisión de exigir responsabilidad a los medios de noticias falsas por sus mentiras, dijo un portavoz de la Casa Blanca.
AP, por su parte, sostiene que la exclusión de sus periodistas vulnera la Primera Enmienda de la Constitución y representa un ataque a su independencia editorial.
Charles Tobin, abogado de AP, argumentó que se trata de un intento de obligar a cambiar cómo se informa.
Se ha impedido el acceso a los fotógrafos de AP y se ha vetado a periodistas en otros actos abiertos.
Parece que siguen apretando, lamentó Tobin.
La situación ha generado preocupación entre grupos defensores de la libertad de prensa.
El veto a AP es una grave amenaza para la transparencia y la rendición de cuentas, declaró un portavoz de la organización Reporteros Sin Fronteras.
El caso AP contra el gobierno podría marcar un precedente importante en la relación entre los medios de comunicación y el poder ejecutivo.
