La construcción de un alambrado en la frontera de Aguas Blancas marca un punto de inflexión en la lucha contra el creciente problema del crimen organizado que amenaza el control territorial del Estado.
Este proyecto, ubicado en uno de los focos más conflictivos de comercio ilegal de la provincia, representa un avance significativo frente a una problemática que se extiende progresivamente por América Latina.
Expertos señalan que el comercio negro, la ocupación ilegal de espacios físicos y la consolidación de sistemas económicos de subsistencia permiten al crimen organizado infiltrarse en todos sus niveles.
Para países con alto poder adquisitivo, como el nuestro, la llegada de drogas altamente refinadas representa un grave problema de seguridad interna.
El fracaso de la estrategia de guerra al narcotráfico implementada por Estados Unidos en Colombia y otros países productores de droga en la región evidencia la necesidad de abordar este desafío desde una perspectiva más integral.
El narcotráfico es, fundamentalmente, un problema de seguridad interior, afirma un experto en seguridad.
Se requiere detectar el ingreso de estupefacientes por vía aérea, utilizando pistas clandestinas, lo cual puede lograrse con inversión en drones y radares.
De igual manera, se destaca la importancia de robustecer la seguridad para impedir la expansión de organizaciones narcocriminales originadas en Colombia, Venezuela y Brasil, que han adquirido un poderío similar al de ejércitos paralelos.
Estas organizaciones ejercen una presión constante sobre nuestros países, lo que exige medidas contundentes para garantizar la protección del territorio nacional.
El control eficiente y transparente de la hidrovía, actualmente objeto de disputa por diversas facciones políticas, resulta crucial para evitar su aprovechamiento por parte del crimen organizado.
La desmantelación progresiva de los mecanismos de lavado de dinero, que se basan en la complicidad de funcionarios, magistrados, profesionales, empresarios y entidades financieras, es también fundamental para combatir este flagelo.
La violencia que permea las comunidades populares y rurales, generada por el narcomenudeo, exige una respuesta integral del Estado.
De contar con fuerzas de seguridad idóneas e incorruptibles, se necesita implementar políticas de desarrollo productivo que reemplacen las actividades de subsistencia, así como una estrategia educativa realista que aborde el futuro laboral y social de los jóvenes.
La presencia de servicios básicos, infraestructura adecuada para el transporte y asistencia sanitaria preventiva son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de estas comunidades.
Patricia Bullrich, durante sus dos gestiones en la provincia de Salta, reiteró la necesidad de combatir el narcotráfico con políticas serias que involucren a todos los actores sociales.
Con jóvenes sin formación y sin trabajo, será imposible neutralizar el tráfico de drogas, advirtió.
El alambrado de Aguas Blancas es un primer paso importante, pero no una solución definitiva.
El desafío de erradicar la criminalidad en Latinoamérica exige un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la dirigencia política, el sector empresarial y la ciudadanía.
La construcción de un futuro más seguro y próspero para la región depende de la implementación de políticas públicas efectivas, basadas en la colaboración y el compromiso social.
