La justicia salteña se enfrenta a una profunda crisis de confianza tras una serie de escándalos que revelan un patrón preocupante de tortura, abuso de poder y obstrucción de la justicia por parte de miembros de la policía provincial.
El caso más resonante involucra las investigaciones del doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011, donde presuntos abusos policiales y presiones para manipular la investigación generaron sospechas que aún no han sido totalmente esclarecidas.
Las miradas de buena parte de la sociedad salteña apuntaban a una propiedad de Buena Vista y a posibles autores vinculados al poder político, relata un exfuncionario policial bajo condición de anonimato, quien añade: la presión para desviar la investigación era evidente.
La investigación original apuntaba a Gustavo Lasi como único sospechoso, pero las denuncias por torturas infligidas a los habitantes del barrio de San Lorenzo durante la búsqueda del autor material alimentaron las dudas sobre el manejo adecuado del caso.
La situación se agravó cuando en agosto de 2011, apenas diez días después del hallazgo de los cuerpos de Bouvier y Moumni, el gobierno provincial, encabezado por Juan Manuel Urtubey, otorgó ascensos a 35 oficiales y suboficiales involucrados en la investigación.
Esta medida, tomada con total falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familias, provocó un amplio rechazo social y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial.
El reparto de ascensos se produjo después de salvajes apremios ilegales, denuncia una fuente cercana a la comunidad de San Lorenzo.
La presión para encubrir a los responsables era palpable.La presencia del juez Martín Pérez en la ceremonia de entrega de reconocimientos, junto al secretario de Seguridad Aldo Rogelio Saravia, quien firmó la resolución, elevó aún más las sospechas sobre una posible connivencia entre poderes judiciales y policiales.
Las denuncias por torturas e irregularidades investigativas se extendieron a otros casos.El comisario Rodrigo Emanuel Bautista, involucrado en el caso Bouvier-Moumni, también dirigió la investigación del asesinato de Darío Monges en 2022, un crimen que terminó siendo atribuido al círculo familiar del empresario Roberto Catalino Bejarano.
El comisario Walter Omar Ezequiel Mamaní, otro agente clave en estos escándalos, fue condenado en mayo de 2022 por armar una causa falsa contra un joven en Apolinario Saravia.
Su condena, a pesar de la evidencia audiovisual del montaje, revela la dificultad para obtener justicia frente a la corrupción policial.
Mamaní no habría sido exonerado de la Policía, asegura una fuente cercana al caso.Se le ha visto operando en la Ciudad Judicial como abogado defensor de policías acusados de abusos.
La sucesión de escándalos y los intentos por obstruir la justicia han generado un clima de desconfianza hacia las fuerzas policiales en Salta.
La necesidad de una profunda reforma del sistema judicial y policial se hace cada vez más urgente para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.