El diputado nacional Emiliano Estrada se declaró inocente ante las imputaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el Congreso y negó la competencia jurisdiccional provincial en el caso.
A través de un escrito presentado por su abogado, Jorge Ovejero, ante la fiscalía de ciberdelincuencia, Estrada alegó la nulidad y incompetencia de la causa que se le endilga, argumentando violaciones a la Constitución Nacional, inmunidades y libertades civiles.
El escrito detalla que la investigación se habría iniciado a raíz de una denuncia por noticia criminis, donde se imputaron inicialmente a dos personas, quienes supuestamente vincularon al diputado con supuestos desvíos de trabajo de asesores del Congreso y expresiones vertidas en su rol como legislador.
Estrada sostiene que estas declaraciones, según las cuales se habría comprometido intereses federales, justifican la incompetencia provincial en la causa.
De resolverse que la investigación y la causa son válidas, es decir la competencia de la provincia en la causa que se le endilga, será él mismo el que se presente y pedirá que se lleve adelante el acto de imputación, a fin de demostrar que no cometió ningún delito, señala el escrito presentado por el abogado.
La fiscal Sofía Cornejo deberá analizar el planteamiento del diputado nacional y determinar su curso legal.
Las actuaciones en la causa continúan tras los allanamientos realizados el 27 de diciembre, durante los cuales se obtuvieron elementos electrónicos que se encuentran siendo peritados.
Implicaciones Políticas y Sociales:
El caso ha generado un debate político intenso sobre la autonomía legislativa y la posible utilización de herramientas legales para silenciar la crítica al poder.
El diputado Estrada, miembro del oficialismo, sostiene que esta investigación es una represalia por su rol como legislador opositor.
La situación también ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil, quienes temen un ataque a las libertades fundamentales y el debilitamiento del sistema democrático.
El desarrollo de este caso será crucial para determinar si se trata de una persecución política o una investigación legítima ante presuntas irregularidades.