El gobierno cubano ha calificado la decisión de Estados Unidos de retirarlo de la lista de países patrocinadores del terrorismo como un paso positivo aunque limitado.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que esta medida no aborda las profundas injusticias perpetradas contra Cuba durante años.
A pesar de este gesto, se mantiene vigente el bloqueo económico estadounidense y varias medidas coercitivas que afectan profundamente a la economía y la población cubana.
El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su agradecimiento en redes sociales por la decisión, al tiempo que denunció el impacto negativo que ha tenido la política hostil de Estados Unidos sobre Cuba.
Citó ejemplos como la persecución de suministros de combustible, la interferencia en acuerdos médicos internacionales y la imposición de sanciones financieras.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también destacó que la guerra económica implementada por Washington representa el principal obstáculo para el desarrollo económico cubano y fomenta la emigración.
Señaló que esta decisión llega justo antes del cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando debería haberse producido hace años como un acto de justicia, sin premisas ni exigencias adicionales.
La Habana no descarta que el nuevo gobierno bajo la presidencia de Donald Trump pueda revertir la medida, especialmente considerando las declaraciones del futuro secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha expresado su convicción de que Cuba apoya al terrorismo.
A pesar de este panorama, el gobierno cubano aseguró que continuará denunciando la política de guerra económica, la injerencia y los programas de desinformación promovidos por Estados Unidos.
También afirmó su disposición a mantener una relación respetuosa con Estados Unidos basada en el diálogo y la no interferencia en asuntos internos, a pesar de las diferencias existentes.
En un movimiento paralelo, el gobierno cubano ha iniciado la liberación de 553 presos políticos, tras una mediación del Vaticano.
El anuncio oficial indica que estas personas fueron sancionadas por diversos delitos, aunque organizaciones internacionales de derechos humanos los consideran prisioneros políticos.
La Habana niega tener presos políticos en sus cárceles y enfatiza que las liberaciones serán graduales y que estos individuos podrían ser readmitidos a la cárcel si no cumplen con ciertos requisitos, como una buena conducta.