La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retomará la posibilidad de iniciar juicios o imponer trabas por incumplimiento tributario a partir del 1 de enero de 2025.
Esta decisión, plasmada en la Resolución 14452024 del Ministerio de Economía, pone a miles de contribuyentes bajo amenaza de embargo en sus cuentas bancarias.
La medida había sido suspendida desde principios de 2024, como respuesta a la crisis económica que afectaba al país.
El Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social permitía a los contribuyentes regularizar su situación hasta el 31 de marzo de 2024, incluyendo multas y sanciones.
Florencia Misrahi, extitular de la exAFIP, había implementado este período de gracia para aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos.
La resolución original, prorrogada en dos ocasiones, finalmente expirará en julio de 2024, marcando el regreso a la acción fiscal tradicional.
La norma establece excepciones para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud hasta el 31 de julio de 2025, brindándoles un respiro adicional para afrontar sus obligaciones fiscales.
La ARCA deberá determinar los parámetros específicos para aplicar esta medida en ambos sectores.
Esta decisión ha generado preocupación entre los contribuyentes, quienes temen las consecuencias financieras de no poder cumplir con su obligación tributaria.
Expertos del sector advierten sobre el impacto psicológico que puede tener la amenaza de embargos en las familias y empresas.
La incertidumbre económica y la presión fiscal pueden generar un gran estrés emocional en los ciudadanos, afirma un especialista en finanzas personales.
Es crucial que el gobierno brinde apoyo a aquellos contribuyentes que se encuentren en dificultades para cumplir con sus obligaciones.