Organizaciones políticas y referentes opositores en Salta han expresado su profunda preocupación ante un preocupante panorama de persecución política que, según ellos, estaría liderada por el gobernador Gustavo Sáenz.
A través de una solicitada respaldada por Unión por la Patria, se denuncian diversas acciones legales y políticas dirigidas contra periodistas, militantes y figuras opositoras, señalando un claro intento de silenciar voces críticas.
El hecho más reciente e impactante ocurrió con la detención del periodista Luis Caro bajo orden del Fiscal N 2 Ramiro Ramos Ossorio, con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, liderada por Sofía Cornejo Solá.
La opositores cuestionan la imparcialidad de este accionar judicial al señalar que la fiscal Cornejo Solá mantiene vínculos familiares con Nicolás Demitrópulos, coordinador provincial del partido oficialista.
En simultáneo, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de Elia Fernández, presidenta del Partido Frente Grande, violando documentación privada de partidos políticos y bases de datos periodísticas.
La Procuración General de Salta también ha sido señalada por presentar una denuncia por incitación al desorden público contra opositores, lo que se interpreta como un intento más para silenciar la crítica hacia el gobierno.
En lugar de investigar presuntos casos de corrupción y nepotismo que involucran a funcionarios cercanos a Sáenz, la Procuración General parece estar alineada con el gobernador, perpetrando un esquema de censura y hostigamiento, denunció Sergio Leavy, Senador Nacional de Unión por la Patria.
Entre las acusaciones contra la gestión de Sáenz se mencionan aumentos tarifarios injustificados, falta de respuestas en áreas clave como salud y educación, sobreprecios en obras públicas, y el manejo cuestionable de la pauta publicitaria, beneficiando a medios afines al oficialismo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también se ha pronunciado sobre la situación, destacando que las restricciones impuestas al periodista Caro podrían constituir una violación flagrante a la libertad de prensa.
El organismo alertó sobre los riesgos de limitar el debate público y denunció el uso de mecanismos judiciales para silenciar opositores.
Este tipo de acciones ponen en jaque no solo la democracia, sino también la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos, expresó Walter Wayar, Senador Provincial.
Referentes como Sergio Leavy, Elia Fernández y Walter Wayar han anunciado que llevarán el caso ante tribunales internacionales para denunciar lo que consideran un peligroso cauce de la justicia salteña, comparándolo con episodios ocurridos en Jujuy, donde la represión judicial alcanzó a docentes y ciudadanos por manifestaciones críticas.
El comunicado finaliza instando al bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria a tomar postura ante lo que califican como un avance alarmante contra la democracia y los derechos fundamentales en Salta.
Las denuncias plantean un escenario crítico para la libertad de expresión y los derechos políticos en la provincia de Salta.
La mirada está puesta en las repercusiones legales y sociales que puedan surgir, tanto a nivel nacional como internacional, de las acciones del gobierno salteño y su sistema judicial.