Una polémica ha envuelto a Argentina y Bolivia tras el anuncio de la construcción de un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas, localidad salteña fronteriza.
La medida, justificada por el gobierno argentino como parte del Plan Güemes para combatir el narcotráfico y el contrabando, ha sido criticada por Bolivia que califica la acción como una violación a la buena vecindad.
El alambrado, que se extenderá entre la terminal de colectivos y las oficinas de migraciones, busca ordenar el cruce fronterizo y controlar el flujo de personas y bienes.
Bolivia lo considera un acto discriminatorio que afecta la convivencia pacífica entre ambos países.
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay somos países hermanos.Somos sudamericanos, entonces esa amistad, hermandad y buena vecindad deben primar, expresó Jesús Gira Martínez, presidente del Comité Pro Intereses de Tarija y vocero del Movimiento Cívico de Bolivia.
Los tratados y acuerdos bilaterales o multilaterales desde el punto de vista sudamericano, deben ser respetados y entablados de la mejor forma entre argentinos y bolivianos, añadió.
El gobierno argentino sostiene que el alambrado es necesario para fortalecer los controles existentes y eliminar un bypass utilizado por narcotraficantes para ingresar cocaína al país.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también defendió la medida, argumentando que se trata de un plan coordinado con el gobierno nacional para combatir actividades ilícitas.
No es el muro de Trump, es un alambrado para ordenar, señaló Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas.
La Cancillería boliviana ha expresado su preocupación por la medida y anunció que solicitará información a través de canales diplomáticos para tomar las acciones correspondientes.
La situación genera tensiones diplomáticas entre ambos países, que se suman a controversias previas como el cobro del servicio de salud pública a extranjeros en Salta.
La polémica desata un debate sobre el control migratorio, la seguridad fronteriza y la importancia de mantener una buena relación entre los países vecinos.
