El gobierno argentino, a través del presidente Javier Milei y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la construcción de un cerco fronterizo en Aguas Blancas, localidad cercana a la frontera con Bolivia, con el objetivo de combatir el narcotráfico.
La medida, respaldada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha generado preocupación en Bolivia que denuncia una violación del derecho internacional público y las relaciones de buena vecindad entre ambos países.
La defensa de nuestra frontera no se negocia, afirmó Sáenz en redes sociales, mientras Milei calificó como excelente la iniciativa del gobernador.
El proyecto consiste en un alambrado de 200 metros de extensión, desde la terminal de colectivos hasta la Oficina de Migraciones, con tres puertas de acceso para fuerzas de seguridad y tres hilos de alambre de púas.
Se espera que el cerco esté listo en 60 días.
Sáenz justificó la medida argumentando que se trata de una lucha contra el narcotráfico y el contrabando, no una cuestión migratoria como lo ocurrido con la construcción del muro entre Estados Unidos y México.
Acá hablamos de combatir el contrabando y sobre todas las cosas el narcotráfico, aclaró.
la directora nacional de Vigilancia y Control de Frontera, Virginia Cornejo, denunció que Bolivia solo tiene un funcionario en los controles migratorios durante horarios reducidos, lo que dificulta el proceso.
Bolivia pone uno en horarios más cortos y no logramos que los amplíen, explicó.
Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, expresó públicamente la preocupación del gobierno boliviano ante el anuncio.
Públicamente ya hemos expresado nuestra inquietud por este anuncio, declaró.La situación ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, con Bolivia reclamando un diálogo constructivo para abordar las preocupaciones relacionadas con la seguridad fronteriza y el respeto al derecho internacional.